La Abogacía del Estado defiende la legalidad del censo de residentes ausentes tras la demanda del partido por la ‘ley de nietos’
El Gobierno ha desmentido el jueves cualquier falta de control sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y ha acusado a Vox de «vertir sospechas de alteración artificial» sin aportar pruebas concretas. La respuesta llega en un escrito presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo, donde defiende la actuación de la Junta Electoral Central (JEC) en relación con la ‘ley de nietos’, una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite la nacionalización de descendientes de españoles.
La demanda de Vox, liderado por Santiago Abascal, cuestionaba la decisión de la JEC de no actuar ante el aumento irregular del censo, pero el Ejecutivo argumenta que «la magnitud del incremento no es prueba de irregularidad». Según el Gobierno, el aumento responde a la aplicación de normas legales que reconocen la nacionalidad española a colectivos específicos, como los descendientes de exiliados. La Abogacía del Estado subraya que el sistema de validación del CERA —que incluye cotejos con bases de datos nacionales y depuraciones continuas— garantiza la exactitud del censo.
El conflicto surge tras la paralización cautelar del voto para quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la ‘ley de nietos’, una medida adoptada por el Supremo a principios de septiembre. El Gobierno insiste en que el derecho al sufragio es «inherente» a la ciudadanía española y que no existe base legal para privar de él a quienes lo han adquirido mediante actos administrativos firmes. Mientras, Vox mantiene su postura, centrada en la supuesta falta de transparencia en el proceso de inscripción.
La Oficina del Censo Electoral (OCE) —encargada de gestionar el CERA— realiza validaciones técnicas y depuraciones periódicas en colaboración con ayuntamientos y consulados. Según el Ejecutivo, estos mecanismos evitan duplicidades y aseguran la correcta adscripción geográfica de los electores. La demanda de Vox, sin embargo, no identifica irregularidades concretas, sino que cuestiona la legalidad de la adquisición previa de la nacionalidad.
El caso refleja la tensión política en torno a la ‘ley de nietos’, un tema sensible que ha generado debates sobre memoria histórica y derechos ciudadanos. Mientras el Gobierno defiende su legalidad, Vox insiste en la necesidad de un control más estricto, aunque sin aportar pruebas de fraude. La decisión del Tribunal Supremo podría marcar un precedente en la gestión del censo y el ejercicio del derecho al voto de los residentes en el extranjero.
