Cinco jóvenes denunciaron en 2021 maltratos y trabajos forzados; el Síndic de Greuges abre diligencias por vulneración de derechos
La Generalitat Valenciana ha abierto una investigación contra el centro de menores holandés Huize Soria, ubicado en Aspe (Alicante), tras las acusaciones de un programa de televisión pública neerlandesa que denuncia un entorno de «presión y coerción» con adolescentes internos. Según fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, dirigida por Elena Albalat, el centro opera sin autorización oficial en España y podría vulnerar derechos fundamentales de la infancia.
El centro, que atiende a jóvenes holandeses con problemas de conducta, ha sido acusado de someter a los menores a castigos físicos, jornadas laborales excesivas (como cavar zanjas o plantar árboles) y restricciones en alimentación y contacto familiar. Las denuncias, que se remontan a 2021, fueron presentadas por cinco jóvenes ante el Defensor del Menor de Ámsterdam. Además, la investigación apunta a irregularidades en los traslados de menores sin los permisos necesarios desde Países Bajos, donde la Inspección de Atención Sanitaria y Juventud —que no tiene competencia en el extranjero— no alertó a España sobre las denuncias.
El Síndic de Grujes, el Defensor del Pueblo valenciano, también ha abierto una investigación de oficio para esclarecer si hubo vulneración de derechos como la integridad física o psicológica. La Consejería de Servicios Sociales ha requerido a Huize Soria la documentación que acredite su actividad, pero no consta inscrita en el Registro oficial de centros de menores en la Comunidad Valenciana. Si no responde o no cumple los requisitos legales, la Generalitat podría clausurarlo.
El centro, que asegura en un comunicado ofrecer un entorno «seguro» desde hace más de 20 años, niega las acusaciones y alega que fue investigado en 2021 con resultados «extremadamente positivos». Sin embargo, la falta de transparencia y la opacidad en su gestión —sin supervisión oficial en España— han desencadenado esta investigación conjunta entre la Generalitat y el Síndic.
La inspección, que se ha solicitado a la entidad la aportación de la autorización correspondiente y de cualquier otra documentación necesaria para acreditar la actividad que desarrolla, aún no ha recibido respuesta. En la página web del centro se publicó un comunicado negando todas las acusaciones de la televisión holandesa, aunque la falta de registro oficial y la ausencia de una licencia válida ponen en duda la legalidad de su funcionamiento en territorio español.
