La exconsellera de Interior, investigada judicialmente, evita responder a preguntas sobre su gestión durante la catástrofe y culpa a la instrucción judicial
Salomé Pradas, exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, se ha negado a declarar por segunda vez ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana que arrasó la Comunidad Valenciana en septiembre de 2023. Acogiéndose a su derecho a la presunción de inocencia y al respeto a la investigación judicial, ha repetido su postura de no responder a las preguntas de los diputados, aunque sí ha realizado «apreciaciones» sobre los hechos, como ya hiciera en su primera comparecencia.
Pradas, investigada en la causa judicial por su papel durante la catástrofe, ha afirmado que ya ha declarado en tres ocasiones en el juzgado: como investigada, en un careo con el exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y para reconocer un escrito sobre el sistema de alertas tempranas (ES Alert). «Está todo muy declarado por mi parte», insistió, añadiendo que ha aportado «todos mis mensajes, todas mis llamadas» y que «no puedo cambiar mi versión». Su negativa a responder ha generado tensiones en la comisión, donde diputados de Compromís y EH Bildu han intentado presionarla para que aclare detalles concretos.
Entre las revelaciones más polémicas, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, cuestionó el papel de Cuenca, quien ahora percibe un «sueldo vitalicio» como asesor de Mazón. «El que se lo dijo [a Pradas sobre no confinar la provincia] ahora tiene un sueldo vitalicio sin ninguna función», señaló Micó, en referencia a las acusaciones de falta de coordinación durante la crisis. Pradas, emocionada en varios momentos, ha evitado responder directamente sobre si el expresidenta Carlos Mazón asumió el mando cuando llegó a la zona afectada, aunque sí ha criticado la falta de información sobre el barranco del Poyo, que «iba seco» cuando se activó el Comité de Emergencias (Cecopi).
La comisión investiga las responsabilidades políticas y técnicas durante la gestión de la catástrofe, que dejó 12 muertos y daños materiales millonarios. Pradas ha reiterado que su objetivo es «que se sepa la verdad por las víctimas», aunque su negativa a declarar en el Congreso —alegando el proceso judicial— ha sido interpretada como un intento de evitar contradicciones con sus declaraciones previas. Mientras, la causa judicial sigue abierta, con Pradas y el secretario autonómico de Emergencias como investigados.
