La Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat valenciana investiga un centro no registrado que habría sometido a adolescentes a castigos y aislamiento
La televisión pública neerlandesa ha destapado en un documental las presuntas prácticas coercitivas en Huize Soria, un centro ubicado en Aspe (Alicante) y vinculado a un programa de rehabilitación para adolescentes con problemas de conducta o adicción. Según el reportaje de Nieuwsuur, jóvenes internos habrían sufrido castigos prolongados, restricciones alimentarias, aislamiento familiar y jornadas de trabajo agrícola obligatorio bajo lo que el medio califica de «cultura represiva».
Las denuncias, recogidas por el Defensor del Menor de Ámsterdam en 2021, alertan además de posibles irregularidades en los traslados internacionales de los menores, que habrían sido derivados a España sin los permisos administrativos exigidos por la legislación valenciana. La investigación revela que la Inspección de Atención Sanitaria y Juventud de Países Bajos, conocedora de las quejas desde entonces, no notificó los hechos a las autoridades españolas, a pesar de que el último contacto oficial entre ambas administraciones data de 2016.
La Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, dirigida por Elena Albalat, ha desplegado una auditoría de urgencia tras confirmar que el centro opera sin estar inscrito en el Registro General de Titulares de Actividades Sociales. La administración autonómica ha requerido toda la documentación a los responsables y advierte de sanciones por ejercer una actividad fuera del marco legal. Mientras, el Síndic de Grujes (Defensor del Pueblo Valenciano), dirigido por Ángel Luna, ha abierto un expediente para investigar posibles vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo integridad física y psicológica.
Los responsables de Huize Soria han negado en un comunicado las acusaciones, alegando «no existe prueba alguna de trato degradante» y esgrimiendo una trayectoria de 20 años ayudando a 265 jóvenes, además de superar una evaluación en 2021. Sin embargo, la opacidad administrativa —no figuran en registros oficiales— y el silencio holandés agravan el escrutinio sobre un centro que, según el documental, habría operado durante décadas sin supervisión efectiva.
