Actualización (07 de agosto a las 12:57):
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, cuestiona la gestión de Sánchez y recuerda el acuerdo con Marruecos de 2003
El Partido Popular (PP) sigue contestando cada día sobre el futuro reparto de los menores que entraron en Ceuta y permanecen en la ciudad autónoma entre el resto de comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo.
Este viernes en León la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Escurra, contestó con otra interrogación retórica, en referencia al Gobierno, al ser preguntada sobre si sus gobiernos autonómicos cumplirían la ley: «La pregunta no es si las comunidades autónomas del Partido Popular, Europa o quien sea van a cumplir la ley, la pregunta es si la va a cumplir el Gobierno.
La Constitución dice que el Gobierno tiene la obligación de defender las fronteras y garantizar la soberanía nacional y la seguridad de todos los españoles. ¿Ha cumplido la Constitución el Gobierno? No».
Escurra se refirió también a la ley de Extranjería, para recordar que según esta norma corresponde al Ejecutivo central la tarea de «identificar a los menores», así como la de «determinar su edad; pedir un informe a la Fiscalía; pedir un informe a Marruecos sobre el origen familiar y la situación social y de vulnerabilidades de los menores; escuchar a los menores que tienen juicio para que puedan expresar su opinión, y en este momento, el Gobierno de España todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta, no les ha dado la atención oportuna y los tiene vagando por las calles.
Por lo demás, la dirigente conservadora reprochó a Sánchez que se encuentre de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) tras haber señalado la semana pasada en Ceuta, justo tras la avalancha migratoria, que España había sufrido un ataque a su integridad territorial.
«Se ha ido de vacaciones a una residencia en la que hay más buzos en la playa, por si quiere darse un chapuzón con su mujer, que buzos en las playas de Ceuta, buscando cuerpos sin vida. Hay más despliegue de seguridad en La Mareta en estos momentos que en la frontera de Ceuta», clamó Escurra.
El Partido Popular (PP) ha intensificado su presión sobre el Gobierno central por la gestión de los menores no acompañados que entraron en Ceuta y permanecen en la ciudad autónoma.
Este viernes en León, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Escurra, cuestionó abiertamente si el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumplirá la Constitución y la ley de Extranjería, que obliga al Estado a identificar a los menores, determinar su edad, solicitar informes a la Fiscalía y a Marruecos, y escuchar sus declaraciones.
Escurra, número tres del PP, subrayó que el Gobierno todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta y que estos vagan por las calles sin la atención oportuna.
Según la dirigente, la prioridad no es si las comunidades autónomas —la mayoría gobernadas por el PP— acatarán la normativa, sino si el Ejecutivo central lo hará, ya que la Constitución le encomienda defender las fronteras y garantizar la soberanía nacional y la seguridad de todos los españoles.
La vicesecretaria recordó además el acuerdo firmado en 2003 entre España y Marruecos, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, para la devolución de menores procedentes del país vecino.
Este precedente, según Escurra, refuerza la obligación del Gobierno de actuar con celeridad y rigor en el actual contexto migratorio.
Escurra también criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentre de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) tras declarar la semana pasada, desde Ceuta, que España había sufrido un ataque a su integridad territorial.
«Hay más despliegue de seguridad en La Mareta que en la frontera de Ceuta», afirmó, en alusión a la presencia de buzos en la playa de la residencia frente a la búsqueda de cuerpos sin vida en las costas ceutíes.
Fuente: El Periódico
Actualización (07 de agosto a las 08:28):
La ministra de Juventud e Infancia destaca que el Gobierno cuenta con mecanismos jurídicos para llevar a cabo el reparto
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que el rechazo al reparto de menores no acompañados es «una cuestión propagandística» y ha recordado que el Gobierno cuenta con «mecanismos jurídicos suficientes» para llevarlo a cabo.
La ministra ha reconocido la urgencia de activar la acogida de los menores en Ceuta tras la entrada masiva de personas de la semana pasada y ha subrayado que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería les habilita para una acogida relativamente rápida.
El PP ha asegurado que sus gobiernos autonómicos cumplirán con la ley, si bien ha cuestionado la gestión del Gobierno, mientras que Vox ha afirmado que el PP se opone en las comunidades autónomas que gobiernan.
Un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia trabajará con el Gobierno de Ceuta para garantizar los derechos y una acogida digna para los menores no acompañados.
En este sentido, es importante destacar que la Ley de Extranjería establece que los menores no acompañados tienen derecho a recibir asistencia y protección, y que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de cumplir con la ley y garantizar su bienestar.
La ministra Rego ha recordado que la ley está para cumplirla, y que el Gobierno está trabajando para garantizar que los menores no acompañados reciban la atención y el apoyo que necesitan.
Fuente: Europa Press
Actualización (06 de agosto a las 15:53):
El Gobierno extremeño, con Vox, anuncia que usará «todos los medios» para oponerse, mientras el País Vasco y Valencia alertan de colapso en sus centros
Extremadura se ha sumado este miércoles a Aragón, Castilla y León y Andalucía en el rechazo al reparto de los menores no acompañados que cruzaron la frontera con Ceuta durante la entrada masiva de 72.000 personas el pasado jueves. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, miembro de Vox en el Ejecutivo autonómico, aseguró que el Gobierno extremeño se opondrá por tierra, mar y aire y recurrirá a todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos.
Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta andaluza y líder regional de Vox, advirtió al PP de que Andalucía se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez, recordando que así lo pactamos. Mientras, el País Vasco, a través de su consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, criticó que la primera respuesta del Ejecutivo central sea «trasladar a estos menores lejos de sus familias» y exigió que el Estado agote las vías para su reunificación familiar. Melgosa añadió que la comunidad ya acoge a más menores de lo que tendría que tener y que cualquier derivación debe acordarse con las instituciones vascas.
La consellera valenciana de Servicios Sociales, Elena Albalat, denunció que la «improvisación del Gobierno» ha llevado a sus centros a una sobreocupación del 160 %, con colapso por la llegada de pateras a Alicante. Albalat exigió información clara sobre un posible nuevo reparto antes de evaluar la situación. Por su parte, Galicia, a través de su consejero de Presidencia, Diego Calvo, reconoció que «habrá que atender» a los menores, pero demandó un mayor control fronterizo y criticó la inacción del Gobierno central ante la llegada «incesante» de menores.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, abogó por devolver a todos los menores a sus países de origen para que no quede ninguna persona ilegal en las calles de Ceuta. En el otro extremo, Castilla-La Mancha y Navarra, gobernadas por el PSOE, defendieron la «solidaridad» en el reparto. El Ejecutivo navarro reafirmó su compromiso con una respuesta coordinada, mientras que el Gobierno castellanomanchego pidió «prudencia» y criticó el uso de la crisis para «soflamas electorales».
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, confirmó que la Policía ha identificado hasta ahora a 528 menores, aunque admitió que un número indeterminado sigue en las calles de la ciudad autónoma.
Fuente: 20minutos
Las autoridades locales elevan la cifra inicial de 130 a 7.000, con al menos 800 aún en el interior de la ciudad autónoma
Un asalto masivo de menores ha cruzado a nado las fronteras de la ciudad autónoma de Ceuta, elevando la cifra inicial de 130 a unos 7.000, según las últimas estimaciones de las autoridades locales.
Aunque las primeras horas apuntaban a un número reducido de entradas, la situación ha escalado hasta superar las expectativas, con fuentes no oficiales sugiriendo que hasta 1.400 menores podrían permanecer en el interior del territorio español.
Las autoridades calculan que son más de 800 menores.
Ceuta, como ciudad autónoma, tiene competencias en materia de seguridad y orden público, pero la gestión de la crisis migratoria suele requerir la coordinación con el Gobierno central, especialmente en casos de afluencia masiva como este.
El fenómeno refleja la presión migratoria en las fronteras del norte de África, donde la ruta marítima hacia las ciudades autónomas españolas sigue siendo una vía de acceso a la Unión Europea.
Según la Constitución española, las ciudades autónomas tienen competencias en materia de seguridad y orden público, pero en casos de crisis migratoria, el Gobierno central puede intervenir para coordinar la respuesta.
La situación en Ceuta es un ejemplo de cómo la presión migratoria puede afectar a las fronteras de la Unión Europea, y cómo las autoridades locales y nacionales deben trabajar juntas para gestionar la crisis.
Fuente: ABC (España)
Sigue la cobertura: El PP teme que su electorado conservador se pase a Vox por no criticar a Marruecos
