Torres confirma en RTVE que el Ejecutivo se sumará a la investigación de Tardón por la entrada de 80.000 personas desde Marruecos
El Gobierno se personará en la causa penal abierta por la entrada masiva de cerca de 80.000 personas desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Lo confirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en RTVE, después de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón admitiera a trámite varias querellas y abriera una investigación penal por un presunto delito contra la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y por organización criminal.
La instructora sostiene en su auto que lo ocurrido no fue fruto de la «generación espontánea», sino de un plan preparado y coordinado. Apunta al uso masivo de migrantes para dejar a un Estado sin capacidad de reacción, un método propio de la «guerra híbrida», y señala la actitud de «permisividad» y «guiado activo» de las fuerzas de seguridad marroquíes, documentada en el informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y en redes sociales. El auto no fija aún presuntos autores.
La resolución encuadra estos hechos en la llamada «zona gris» de ataques a Estados y cita como ejemplos paradigmáticos la guerra de Rusia contra Ucrania y el Estado Islámico, que combina ataques militares con captación y adoctrinamiento en internet. Tardón invoca la Estrategia de Seguridad Nacional, que exige atención especial a Ceuta y Melilla por su localización en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, precisamente porque pueden ser objeto de flujos migratorios irregulares para desestabilizar la Seguridad Nacional. Sobre esa base, la Audiencia Nacional se declara competente para investigar el caso.
El objetivo de quien orquestó la operación, según la jueza, era desestabilizar el sistema de capacidades de respuesta de España en seguridad, sanidad y defensa, además del plano geopolítico, mediante una campaña masiva de desinformación en redes sociales y «con absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables», a las que se empujó a lanzarse al mar sin ropa ni medios adecuados. El auto cifra en 83 las personas muertas.
La personación del Ejecutivo llega después de que el presidente del Gobierno, durante su visita a Ceuta el 31 de julio, definiera los hechos como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España», una calificación que la propia instructora recoge en su resolución. La causa avanza ahora en la Audiencia Nacional con el Gobierno como parte, a la espera de que la investigación concrete responsabilidades.
