Conde-Pumpido asegura que la interpretación del alto tribunal es «contraria al espíritu» de la ley
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha cuestionado la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación a los líderes del procés catalán. Según su ponencia, la interpretación del Supremo «es manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley de Amnistía», aprobada en 2023 para cerrar el conflicto político-jurídico abierto tras el referéndum independentista de 2017.
La ley, impulsada por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y respaldada por ERC y Junts, incluía expresamente la malversación como uno de los delitos amnistiables. Sin embargo, el Supremo excluyó este delito en su aplicación práctica, centrando la amnistía en los cargos de sedición y rebelión. Conde-Pumpido, máximo responsable del Constitucional, subraya en su texto que esta exclusión «vulnera el principio de igualdad» y desvirtúa el objetivo de la norma: «reconciliar a la sociedad catalana con el marco constitucional».
El Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el caso,, pero su ponencia —documento previo a la resolución— refleja una postura crítica con el Supremo. La tensión entre ambos tribunales se enmarca en un contexto de polarización política: mientras el PP y Vox exigen el cumplimiento íntegro de la ley, partidos como ERC y Junts defienden que la amnistía debe aplicarse sin distinciones. El debate legal podría alargarse hasta 2027, cuando el Constitucional resuelva si la exclusión de la malversación es constitucional.
Para los líderes del procés —como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Joaquim Forn—, la malversación fue clave en sus condenas. El Supremo los absolvió de sedición pero los mantuvo condenados por este delito, lo que les impide regresar a España. Una sentencia del Constitucional a favor de la interpretación de Conde-Pumpido podría reabrir sus casos, aunque no garantiza su libertad inmediata, ya que el Gobierno tendría que aplicar la amnistía.
El texto de Conde-Pumpido no menciona directamente al Gobierno ni a los partidos, pero su crítica al Supremo tiene un trasfondo político: la ley de amnistía fue una de las principales claves del pacto de investidura de Pedro Sánchez en 2023. Si el Constitucional falla en contra del Supremo, el Gobierno se vería obligado a revisar su aplicación, lo que podría generar tensiones con la oposición y con sectores de la sociedad catalana que ya cuestionan los beneficios de la norma.
