El magistrado ponente Macías rectifica su postura inicial y propone declarar nula la interpretación del Tribunal Supremo, que rechazó la amnistía a Puigdemont, Turull y otros independentistas
Carles Puigdemont, Jordi Turull y otros dirigentes del ‘procés’ podrían ver anuladas sus condenas por malversación tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) prevista para el 6 de octubre. El magistrado ponente José María Macías, del sector conservador de la corte, ha rectificado su postura inicial y propone ahora avalar la aplicación de la ley de amnistía, al considerar que el Tribunal Supremo se apartó de su finalidad al denegarla.
El borrador de ponencia, confirmado por fuentes jurídicas a Europa Press, declara vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva, a la participación política y a la legalidad penal de Jordi Turull, exconsejero y secretario general de Junts. La propuesta aboga por anular las resoluciones del Supremo que le denegaron la amnistía y dictar nuevas que respeten los derechos fundamentales que el TC considera vulnerados.
El cambio de postura de Macías responde a que su primera ponencia, que rechazaba el recurso de amnistía para Turull, no contaba con el respaldo de la mayoría progresista del tribunal. Fuentes consultadas señalan que la nueva propuesta argumenta que la interpretación del Supremo se apartó de la finalidad de la ley de amnistía, al considerar que la Sala Segunda del alto tribunal actuó con arbitrariedad al denegar la aplicación de la norma.
El Supremo había rechazado la amnistía a Turull por el delito de malversación en el juicio del ‘procés’, argumentando que la interpretación del tribunal no era sorpresiva ni caprichosa, sino que se ajustaba a la doctrina vigente sobre el tipo penal. Sin embargo, el Constitucional ahora cuestiona esa línea interpretativa, alineándose con el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ), que ya había descartado uno de los argumentos clave del Supremo: que el referéndum independentista afectó a los intereses financieros de la UE.
La decisión del TC, prevista para el 6 de octubre, servirá de referencia para otros recursos de amparo presentados por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romea, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig, todos ellos condenados por delitos relacionados con el ‘procés’. Si el Constitucional avala la aplicación de la amnistía, corresponderá al Supremo dictar nuevas resoluciones en línea con el fallo del tribunal.
El precedente del UJUÉ y el giro del Constitucional
El fallo del UJUÉ, que descartó que el referéndum independentista afectara a los intereses financieros de la UE, ha sido clave para el cambio de postura del Constitucional. Aunque el tribunal europeo no se pronunció sobre el beneficio personal de los dirigentes independentistas —otro de los argumentos del Supremo—, su decisión ha debilitado la posición del alto tribunal.
El Constitucional ahora argumenta que la interpretación del Supremo fue excesivamente restrictiva y que la ley de amnistía debe aplicarse conforme a su finalidad original: permitir la reinserción política de los condenados por delitos relacionados con el ‘procés’. Esta rectificación contrasta con la postura inicial de Macías, quien en su primera ponencia defendía que las resoluciones del Supremo no eran arbitrarias ni irrazonables.
La decisión del 6 de octubre podría tener un impacto político inmediato, al permitir que figuras como Puigdemont —exiliado en Bélgica— y Junqueras recuperen sus derechos políticos en España. Sin embargo, el proceso aún no está cerrado: el Supremo deberá adaptar sus sentencias a la nueva interpretación del Constitucional, lo que podría prolongar el debate jurídico.
Las implicaciones políticas: ¿un paso hacia la normalización del ‘procés’?
La posible anulación de las condenas por malversación no afecta directamente a los delitos de sedición o rebelión, que siguen vigentes en las sentencias del ‘procés’. No obstante, la decisión del Constitucional podría sentar un precedente para futuros recursos y reforzar la posición de Junts y ERC en el debate independentista.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la medida podría interpretarse como un avance hacia la reconciliación, aunque el PSOE ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso. En cambio, el PP y Vox han criticado en el pasado la ley de amnistía, considerándola una concesión política a los independentistas. La decisión del Constitucional podría reavivar este debate, especialmente si se extiende a otros condenados.
En el ámbito institucional, el fallo del 6 de octubre podría generar tensiones con el Tribunal Supremo, que deberá ajustar sus sentencias a la nueva interpretación. Además, la rectificación de Macías —un magistrado tradicionalmente conservador— refleja el peso de la mayoría progresista en el Constitucional, donde los nombramientos recientes han inclinado la balanza hacia posturas más cercanas a la amnistía.
El proceso también tiene implicaciones para la Unión Europea, dado que el UJUÉ ya había señalado que el referéndum no afectó a sus intereses financieros. Si el Constitucional avala la amnistía, podría interpretarse como un reconocimiento de que los delitos por los que se condenó a los independentistas no tenían un impacto transnacional, sino que respondían a un conflicto político interno.
Finalmente, la decisión podría influir en las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones independentistas, especialmente en temas como la financiación autonómica o la reforma del Senado, donde Junts y ERC han mostrado su disposición al diálogo bajo ciertas condiciones.
