El tribunal rechaza por 7 votos a 5 la ponencia de Macías y volverá a reunirse el 6 de octubre para extender el fallo a Junqueras, Romeva y Bassa
El Tribunal Constitucional ha decidido que la amnistía se aplica también al delito de malversación del proceso independentista catalán. La medida despeja el regreso a España de Carles Puigdemont. La votación ha salido adelante por siete votos frente a cinco, la proporción habitual en los asuntos que afectan al Gobierno.
El pleno ha rechazado la ponencia del magistrado José María Macías. Macías sostenía que la Sala Penal del Tribunal Supremo no vulneró los derechos fundamentales de Jordi Turull al condenarle. La demanda de Turull era la primera que el Constitucional examinaba. La deliberación ha durado menos de dos horas. Macías empezó a defender su texto a las 12:15 y lo retiró a las 14:00 al comprobar que no tenía apoyo mayoritario. No ha habido votación formal.
El tribunal volverá a reunirse el 6 de octubre. En esa cita se aprobará un nuevo texto que estimará el recurso de Turull. Ese fallo se aplicará después al resto de demandantes. Entre los condenados por malversación están Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. Entre los procesados por ese delito figuran Carles Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín.
Qué cambia para Puigdemont y para el resto de procesados
La decisión del Constitucional afecta a dos grupos distintos. El primero son los ya condenados por malversación, que podrían ver extinguida su responsabilidad penal. El segundo son los procesados que aún no tienen sentencia firme por ese delito. Puigdemont pertenece a este segundo grupo. Su regreso a España dependía de que la amnistía cubriera la malversación, el delito que el Supremo consideraba excluido de la ley.
El fallo también alcanza a Lluís Puig y Antoni Comín, que compartían con Puigdemont la condición de procesados por malversación. La diferencia entre condenados y procesados importa porque determina qué trámite judicial queda pendiente en cada caso. Para los condenados, la amnistía implica dejar sin efecto la pena. Para los procesados, implica que el procedimiento no puede continuar por ese delito.
El pulso entre el Constitucional y el Supremo
El origen del conflicto está en la interpretación de la ley de amnistía. El Tribunal Supremo sostiene que la malversación queda fuera del ámbito de la norma. El Constitucional considera lo contrario. La ponencia de Macías respaldaba la tesis del Supremo. Al rechazarla, el pleno se inclina por la tesis contraria.
El tribunal no ha entrado a valorar el fondo del delito. Se ha limitado a decidir si la Sala Penal vulneró derechos fundamentales al interpretar la ley. Esa es la competencia del Constitucional cuando revisa resoluciones judiciales. El Supremo es el tribunal que juzgó los hechos del proceso independentista. El Constitucional es el que revisa si esas resoluciones respetaron los derechos fundamentales.
La mayoría de siete a cinco se repite en los asuntos sensibles para el Ejecutivo. Ese dato refleja la composición actual del tribunal. El bloque mayoritario se ha formado con los magistrados designados en la última etapa. El bloque minoritario agrupa a los vocales de perfil más conservador.
El calendario judicial que queda por delante
La reunión del 6 de octubre es el siguiente paso formal. En ella se aprobará el texto que sustituya a la ponencia retirada. Ese nuevo texto tendrá carácter estimatorio del recurso de Turull. A partir de ahí, el fallo se extenderá al resto de demandantes por vía de aplicación directa.
La extensión no requiere una nueva deliberación caso por caso. El Constitucional aplicará el mismo criterio a todos los recursos que planteen la misma cuestión. Eso incluye tanto a los condenados por malversación como a los procesados. El efecto práctico es que la vía penal por malversación queda cerrada para todos ellos.
El Supremo tendrá que ejecutar lo que decida el Constitucional. Esa ejecución implica dejar sin efecto las condenas por malversación y archivar los procedimientos abiertos por ese delito. El alto tribunal ya se pronunció en contra de amnistiar la malversación cuando revisó la ley. Ahora deberá ajustar sus resoluciones al criterio del Constitucional.
Un paso decisivo para el regreso del expresident
Puigdemont reside en Bélgica desde 2017. Sobre él pesaba una orden de detención por malversación. Si la amnistía cubre ese delito, la orden pierde su base. Eso le permitiría volver a España sin ser detenido. La decisión del Constitucional no resuelve por sí sola todos sus frentes judiciales. Pero elimina el obstáculo principal que bloqueaba su regreso.
El expresident sigue siendo eurodiputado. Esa condición le ha protegido de la extradición mientras el Parlamento Europeo no le retirara la inmunidad. La amnistía de la malversación cambia el escenario. Ya no se trata de si Bélgica le entrega o no. Se trata de si España mantiene una orden de detención que la amnistía deja sin cobertura.
El impacto político alcanza a todo el independentismo catalán. Junqueras, Romeva y Bassa cumplían condena por malversación. Su situación penal queda también afectada por el criterio del Constitucional. El fallo llega en un momento de negociación entre Junts y el Gobierno. La formación de Puigdemont condiciona su apoyo parlamentario a avances en la amnistía. Esta decisión judicial desbloquea uno de los puntos que Junts exigía.
