Ángel Víctor Torres confirma 2.546 triajes y 7.000 retornos voluntarios, pero advierte que la mayoría de adultos no cumplirá requisitos para quedarse
El Gobierno ha decidido agilizar los procedimientos para devolver a la mayoría de los migrantes adultos que llegaron a Ceuta el pasado 30 de julio, tras confirmar que solo el **1% de los marroquíes** que solicitan asilo cumple los requisitos para permanecer en España. Según datos del Ministerio de Política Territorial, hasta ahora se han realizado **2.546 triajes** —un 40% más que la semana pasada—, y más de **7.000 personas** han retornado voluntariamente desde el 10 de agosto, incluyendo **222 expulsiones oficiales** desde el inicio de la crisis.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, explicó este martes que el plazo máximo para resolver cada expediente —actualmente de **12 semanas**— se está reduciendo para acelerar las devoluciones. La mayoría de los migrantes adultos, al ser ciudadanos marroquíes, no podrán acceder a protección internacional, ya que el Gobierno considera que no están en riesgo real al regresar a su país. Solo quienes demuestren **persecución o peligro grave** —una excepción que, según Interior, afecta a menos del 1% de los casos— podrán quedarse.
La situación es distinta para los **2.321 menores** ya identificados, aunque el ministro advirtió que muchos de ellos —especialmente los de **15 a 16 años**— no querrán regresar. Torres recordó que la **reagrupación familiar** es la prioridad, pero depende de la colaboración de Marruecos y de la decisión del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien tiene la tutela de estos menores. Si no se reubican, podrían quedarse en la ciudad autónoma o ser trasladados a otras comunidades, siempre con el visto bueno de Vivas.
El procedimiento incluye la toma de huellas, la recogida de datos personales y una pregunta clave: si el migrante solicita protección internacional. Aunque muchos responden afirmativamente, Torres insistió en que «la mayoría no tendrá derecho a ella». La urgencia por normalizar la situación ha llevado al Ejecutivo a acortar plazos, aunque el ministro reconoció que la presencia de **500 a 700 menores aún no localizados** y otros **500 alojados en recursos para adultos** agrava la situación humanitaria.
La medida refleja el choque entre la necesidad de controlar el flujo migratorio y las obligaciones legales de protección, especialmente para menores. Mientras el Gobierno apuesta por la rapidez en las devoluciones, la gestión de los menores —cuya reagrupación depende de factores externos— sigue siendo un punto crítico en la crisis.
