El ministro de Política Territorial confirma 250 expulsiones por ilegalidades y alerta de un nuevo llamamiento masivo para el 23 de septiembre, mientras 8.000 personas ya dependen de recursos públicos
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha confirmado este martes que el Gobierno realiza más de un centenar de triajes diarios en Ceuta para identificar a migrantes irregulares y ha expulsado ya a cerca de 250 personas por cometer delitos. Según datos aportados en una entrevista en La Sexta, unas 8.000 personas —incluidos más de 2.000 menores— ya están acogidas en recursos públicos, mientras entre 3.000 y 3.500 permanecen en las calles de la ciudad autónoma.
Torres, máximo responsable del mando único en la crisis migratoria, ha advertido de un nuevo llamamiento en redes sociales de Marruecos para una entrada masiva el próximo 23 de septiembre. Aunque Rabat está reforzando sus fronteras —como ocurrió en oleadas anteriores—, el ministro ha subrayado que «quienes aspiran a saltar la valla no van a tener posibilidad de quedarse». «Están ante una expectativa que no van a poder cumplir», ha asegurado, insistiendo en que la diplomacia trabaja para evitar nuevos flujos.
El ministro también ha respondido a las declaraciones de Sira Rego, ministra de Infancia, que este lunes aseguró que la mayoría de los menores migrantes «se quieren quedar en España y se van a quedar». Torres ha matizado que, aunque los expedientes de reagrupación familiar hasta el 31 de julio no recibieron respuesta de Marruecos, ahora espera que Rabat cumpla con su disposición a acoger a todos los menores no acompañados.
La situación en Ceuta sigue tensa: mientras el Gobierno central y las autoridades locales gestionan la acogida, la presión diplomática con Marruecos se mantiene en un contexto de alerta por posibles nuevas llegadas.
El contexto: cómo se gestiona la crisis desde el mando único
Desde que se activó el mando único el pasado 17 de mayo, el Gobierno ha centralizado la respuesta a la crisis migratoria en Ceuta. Torres, como responsable directo, coordina con las comunidades autónomas, la UE y Marruecos para evitar colapsos. La estrategia incluye triajes acelerados, expulsiones por irregularidades y presión diplomática para que Rabat asuma su parte en la acogida de menores.
El mecanismo de reagrupación familiar, clave para los menores, depende de la respuesta marroquí. Hasta julio, Marruecos no respondió a los expedientes presentados, lo que dejó a cientos de niños en una situación legal limbo. Ahora, el Gobierno confía en que Rabat actúe, aunque sin garantías formales.
Las cifras clave y su evolución
Las cifras manejadas por Torres reflejan una crisis en tres frentes: acogida, expulsiones y riesgo de nuevas llegadas. Los 250 expulsados por delitos son solo una parte de los más de 10.000 migrantes que han intentado cruzar desde el 17 de mayo. La cifra de 8.000 personas en recursos públicos —incluyendo menores— muestra la capacidad de respuesta del Estado, pero los 3.000-3.500 en la calle revelan grietas en la gestión.
El llamamiento del 23 de septiembre, si se materializa, podría saturar aún más los sistemas de acogida. Torres ha insistido en que Marruecos está reforzando sus fronteras, pero sin descartar nuevos intentos. La diplomacia, en contacto permanente, busca evitar una repetición de mayo, cuando Ceuta registró el mayor flujo migratorio en décadas.
¿Qué se juegan los actores?
Para el Gobierno, la gestión de Ceuta es un termómetro político: un fracaso podría debilitar su imagen en seguridad, mientras que un éxito refuerza su narrativa de control. El PP y Vox, en la oposición, exigen más firmeza con Marruecos y acusan al Ejecutivo de «permitir el colapso». Podemos y Sumar, por su parte, piden más recursos para acogida y critican la falta de solidaridad autonómica.
Marruecos, aunque coopera en expulsiones, mantiene su postura de no asumir la acogida de menores. La UE observa de cerca el caso, con riesgo de que España sea sancionada si no cumple con los estándares de asilo. Para Ceuta, la crisis es una emergencia humanitaria y económica: los recursos públicos se agotan y el turismo —sector clave— sufre.
El plazo hasta el 23 de septiembre será decisivo. Si Marruecos no frena las llegadas, el Gobierno deberá activar medidas excepcionales, como el estado de alarma o la militarización de la frontera. Torres ha dejado claro que no habrá marcha atrás en las expulsiones, pero la presión sobre los recursos humanos y materiales sigue en aumento.
