El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, denuncia que el documento mostrado correspondía a otra vía y exige una explicación pública
El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció indirectamente este lunes haber mostrado un acta de inspección equivocada durante la investigación del accidente de alta velocidad de Adamuz, ocurrido el 18 de enero. Según denunció el senador popular José Ramón Díez de Revenga, el documento exhibido por Puente correspondía a otra vía distinta a la que presentó el fallo de soldadura que causó la tragedia.
El accidente de Adamuz, que dejó múltiples víctimas mortales, se produjo por la rotura de una soldadura en la vía de alta velocidad. Puente, en su momento, presentó un acta de inspección para demostrar que la vía cumplía los estándares de seguridad. Sin embargo, Díez de Revenga, miembro de la Comisión de Transportes del Senado, aseguró que el acta mostrada no correspondía a la sección afectada, sino a otra parte de la línea, lo que cuestiona la transparencia del proceso investigador.
La Guardia Civil, encargada de la investigación, aún no ha emitido un informe definitivo sobre las causas del accidente. El PP ya ha exigido al Gobierno una explicación pública sobre este error, que podría tener implicaciones legales y políticas. Mientras, las familias de las víctimas, que llevan meses reclamando respuestas, han mostrado su indignación por lo que consideran un intento de ocultar responsabilidades.
El caso se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia la gestión de infraestructuras críticas en España. El accidente de Adamuz, uno de los peores en décadas en el sistema ferroviario español, ha reabierto el debate sobre los protocolos de mantenimiento y la rendición de cuentas en el sector. La oposición, liderada por el PP, ha aprovechado el error de Puente para pedir una auditoría independiente sobre la seguridad en las líneas de alta velocidad.
Puente, por su parte, aún no ha respondido directamente a las acusaciones de Díez de Revenga. Su silencio contrasta con la presión creciente desde la oposición y la sociedad civil, que exigen no solo una investigación exhaustiva, sino también medidas concretas para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.
