El mando único reconoce que la cifra duplica su cálculo inicial mientras Torres cifra en 1.822 los expedientes abiertos y avisa de que la mayoría no tendrá derecho a asilo
El Gobierno ha ido elevando sus estimaciones sobre los migrantes que todavía permanecen en Ceuta hasta el punto de que fuentes del mando único reconocen que podrían ser alrededor de 10.000. Esa cifra duplica las estimaciones iniciales del Ejecutivo sobre cuántos se habrían quedado en la ciudad tras la entrada masiva. El cálculo suma dos grupos: los migrantes reubicados en plazas de acogida y los que todavía reciben recursos alimentarios en las calles. Solo en el asentamiento de la playa del Trampolín se repartían comidas a unas 3.000 personas en los últimos días.
A esa bolsa hay que añadir los que habrían regresado voluntariamente a Marruecos desde el pasado 10 de agosto: 5.482. El ministro de Política Territorial que encabeza el mando único, Ángel Víctor Torres, sí ha ofrecido cifras oficiales sobre los menores migrantes que permanecen en las calles, calculando que serían entre 700 y 1.000. Al margen del número total, Torres ha avisado de que «la mayoría de las personas que están en Ceuta no van a tener derecho internacional» para conseguir el asilo, y ha añadido que «no podemos dar expectativas a quien no las tiene». En el Gobierno explican que buena parte de los que permanecen en Ceuta son marroquíes, por lo que no tendrían derecho a asilo.
1.822 expedientes abiertos y fricciones con Vivas
Antes de cualquier devolución deben resolverse los expedientes. El paso previo es la reubicación en centros de acogida para filiar a los migrantes. En este punto ha habido fricciones con el gobierno de Ceuta. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, lamentó que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, haya dejado de hablar como presidente de Ceuta para escuchar de su boca el argumentario del PP. Saiz se expresó como miembro de un Gobierno que, dijo, se deja la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes. El Ejecutivo reclama así más colaboración entre administraciones, después de las fricciones ante los emplazamientos para el realojo impulsados por el Gobierno.
Por el momento, según los datos aportados por el ministro Torres, los expedientes iniciados se limitan a 1.822. En un contexto normal, se suelen resolver entre 12 y 16 semanas. Sin embargo, se confía en agilizar estos plazos por dos vías: el refuerzo de funcionarios implicados en el procedimiento y las modificaciones legales para acortar tiempos en el caso de los expedientes para menores, con una especial protección.
El pulso por los menores con las comunidades del PP
En el caso de los menores migrantes, desde el Gobierno se apunta a las comunidades del PP que rechazan su acogida para descongestionar la situación en la ciudad autónoma. Torres se ha preguntado qué dice el presidente de Ceuta cuando su líder asegura que no quiere que ninguno vaya a la Península. El ministro ha insistido en que la devolución inmediata de los menores es «imposible». Su argumento es que, para que Ceuta no sea un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), las personas tienen que salir de la calle, ir a los recursos y poder ser devueltos.
El Ejecutivo sigue sin poner fecha para la recuperación de la normalidad. Una primera fase pasaría por reubicar a todos los migrantes que todavía permanecen en las calles. A partir de ahí, habría que culminar los expedientes. La secuencia que describe el Gobierno encadena así tres pasos: sacar a la gente de la calle, llevarla a los recursos de acogida y, solo después, tramitar las devoluciones.
Qué mide cada cifra y por qué no cuadran
La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones del mando único tiene una explicación metodológica. Los 1.822 expedientes son procedimientos administrativos formalmente abiertos. Los 10.000 son una estimación de personas físicas presentes en la ciudad, calculada sumando las plazas de acogida ocupadas y el reparto de alimentos en la calle. Son, por tanto, dos formas distintas de contar: una mide trámites iniciados, la otra mide personas a las que se sigue atendiendo. Esa brecha entre lo contado y lo tramitado es la que marca los tiempos reales de la operación.
El reparto de comidas en la playa del Trampolín funciona como termómetro de esa diferencia. Si solo en ese asentamiento se alimentaba a unas 3.000 personas, el total de quienes siguen en la calle supera con holgura el millar de expedientes abiertos. La filiación previa en centros de acogida es la que permite convertir a una persona atendida en un expediente con nombre y apellidos, y es ahí donde el ritmo administrativo se convierte en el cuello de botella de toda la operación.
El precedente de las devoluciones y el papel de Marruecos
El dato de los 5.482 retornos voluntarios a Marruecos desde el 10 de agosto apunta a que la vía de salida que ya funciona es la voluntaria, no la forzosa. Ese flujo depende de la relación con Rabat, porque las devoluciones a Marruecos requieren que el país vecino acepte a las personas. Es un mecanismo distinto al del asilo: quien no cumple los requisitos de protección internacional puede ser devuelto, pero solo si existe un país dispuesto a recibirlo y un expediente que lo respalde.
De ahí que el Gobierno insista en que la mayoría no tendrá derecho a asilo. Buena parte de los que permanecen en Ceuta son marroquíes, y para un nacional de Marruecos la protección internacional es difícil de obtener porque su país no está en situación de conflicto abierto. Esa condición es la que sostiene el argumento del Ejecutivo de que la salida mayoritaria será la devolución, no la regularización.
Lo que se juegan las partes
El pulso con el gobierno de Ceuta tiene una lectura política doble. Vivas preside la ciudad autónoma y responde ante el PP, el mismo partido al que el Gobierno señala por rechazar la acogida de menores en otras comunidades. Para el Ejecutivo, esa negativa a repartir a los menores entre territorios es lo que mantiene congestionada la ciudad. Para el PP, el conflicto se libra en un terreno donde puede reclamar competencias de la ciudad autónoma frente al Estado.
El tiempo corre en contra del Gobierno en un sentido concreto: cada semana sin reubicar a los que siguen en la calle mantiene abierta la imagen de personas durmiendo en la vía pública, y esa imagen es la que fija la percepción pública de la crisis. Los plazos de 12 a 16 semanas que se manejan para resolver expedientes en condiciones normales marcan el horizonte mínimo, y el Ejecutivo confía en recortarlo con más funcionarios y con cambios legales para los menores. Sin fecha oficial para la vuelta a la normalidad, la operación avanza por fases: primero la calle, después los centros y, al final, las devoluciones.
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