La patronal reclama «sentido común» a Inspección de Trabajo y Guardia Civil en Castilla-La Mancha
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UAGA-CLM) ha exigido este viernes a las administraciones públicas que ajusten los controles en campañas de recolección, especialmente los llevados a cabo por la Inspección de Trabajo y las fuerzas y cuerpos de seguridad. La patronal considera que estas actuaciones carecen de «proporcionalidad» y piden un enfoque más equilibrado para evitar perjudicar a un sector clave en la región.
Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma en producción agrícola de España, con un peso destacado en cultivos como el cereal, la vid y el olivo. Según datos de la Junta, el sector generó en 2025 un valor de producción superior a los 2.300 millones de euros, lo que representa el 12% del PIB regional. La UAGA-CLM alerta de que los controles actuales, aunque necesarios para garantizar derechos laborales, están generando tensiones innecesarias en un momento crítico como la cosecha.
La Inspección de Trabajo y la Guardia Civil actúan en el marco de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que regula las condiciones laborales en el campo. Sin embargo, la patronal señala que en campañas anteriores se han registrado casos de multas desproporcionadas a pequeños y medianos agricultores, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad económica. La UAGA-CLM ha solicitado una reunión urgente con la Consejería de Agricultura de la Junta para abordar el tema y buscar soluciones conjuntas.
El conflicto refleja una tensión recurrente en el sector primario español: por un lado, la necesidad de garantizar derechos laborales en un ámbito con alta temporalidad y precariedad; por otro, la presión económica sobre los agricultores, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, donde el 68% de las explotaciones son familiares y dependen de la recolección estacional. La patronal advierte de que una regulación excesiva podría ahuyentar a trabajadores esenciales en un contexto de escasez de mano de obra, agravado por la salida de la UE de la política de cuotas migratorias temporales para el sector.
