Actualización (22 de agosto a las 13:25):
La presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, se reunirá con el presidente ceutí tras evaluar necesidades en juzgados saturados por la entrada de decenas de miles de personas
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su disposición a reunirse «a la mayor brevedad posible» para abordar la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, según anunció el órgano en un mensaje en la red social X. La oferta incluye refuerzos judiciales inmediatos para los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer, tras la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
El vocal del CGPJ José Antonio Moreno visitó Ceuta este jueves y se reunió con jueces del Tribunal de Instancia y con Vivas, a quien trasladó la «solidaridad» del Consejo. Moreno también evaluó las necesidades de personal experto, que el CGPJ ya recomendó incorporar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y al presidente del Tribunal de Instancia local. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes confirmó que los refuerzos están preparados, a la espera de una solicitud formal del CGPJ.
La crisis migratoria ha saturado los juzgados ceutíes, que requieren apoyo para gestionar los procedimientos derivados de la llegada masiva de personas. El CGPJ subrayó en un comunicado previo la necesidad de reforzar el turno de guardia, una medida que afecta directamente a la capacidad de respuesta judicial en casos de detenciones, órdenes de protección o procesos de expulsión. Ceuta, con una población de 83.000 habitantes, registró en esos dos días un flujo migratorio sin precedentes, superando las capacidades logísticas y judiciales de la ciudad.
La reunión entre Perelló y Vivas se enmarca en un protocolo de coordinación entre instituciones para situaciones de emergencia, aunque no existe un precedente reciente de intervención judicial tan directa en una crisis migratoria. El CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, no tiene competencias ejecutivas, pero su recomendación activa mecanismos de refuerzo que dependen del Ministerio de Justicia. La última vez que se movilizaron refuerzos judiciales en Ceuta fue en 2021, durante la pandemia, para agilizar procesos penales acumulados.
El presidente ceutí, del PP, ha solicitado en reiteradas ocasiones apoyo institucional para gestionar la crisis, incluyendo la declaración del estado de emergencia. Mientras, el Gobierno central, liderado por el PSOE, ha priorizado la repatriación de menores no acompañados y la coordinación con Marruecos, aunque sin alcanzar acuerdos definitivos sobre la devolución de adultos. La reunión entre Perelló y Vivas podría acelerar la implementación de los refuerzos, aunque su impacto dependerá de la celeridad con que el Ministerio de Justicia active los recursos prometidos.
Fuente: 20minutos
El Gobierno central asume la petición de Juan Jesús Vivas ante la presencia de 1.400 menores no acompañados y el bloqueo de las devoluciones
Los asentamientos en la playa del Trampolín y la saturación de los recursos de acogida mantienen en situación crítica a Ceuta tras la entrada de 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio. Ante el colapso de las infraestructuras locales y la persistencia de miles de migrantes en las calles de la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como coordinador general de todos los ministerios implicados en la gestión de la emergencia humanitaria.
La designación de Torres sitúa bajo una dirección unificada las competencias de los ministerios de Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Defensa, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Juventud e Infancia. Con este movimiento, el Ejecutivo central accede a la demanda reiterada por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la dirección nacional del PP, que reclamaban un mando único gubernamental tras el fracaso de las visitas ministeriales individuales para estabilizar la administración de la crisis sobre el terreno.
Las medidas de contingencia desplegadas hasta la fecha han resultado insuficientes para absorber la presión en el municipio. La instalación de dos carpas temporales en Loma Margarita y en el Embolsamiento de Loma Colmenar no ha evitado que decenas de personas continúen concentrándose en el litoral del Trampolín. Pese a las intervenciones de desalojo ejecutadas consecutivamente el jueves y el viernes, diversos grupos han vuelto a ocupar la zona por el temor a ser interceptados y retornados a territorio marroquí.
En el plano policial, las investigaciones señalan que los ocupantes de la playa proceden de contingentes dispersos que permanecían ocultos en otros puntos urbanos. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, muchos de los afectados permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) bajo la premisa errónea de que su ingreso en estas instalaciones facilitará el traslado a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península y su posterior puesta en libertad.
La saturación de los centros de acogida y la tutela de menores
El desbordamiento asistencial afecta de forma directa al sistema de protección de la infancia de la ciudad autónoma, cuyas instalaciones se encuentran muy por encima de su capacidad máxima ordinaria. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha cifrado en al menos 1.400 los menores de edad no acompañados localizados formalmente en Ceuta, advirtiendo de que la cifra real es superior debido a los jóvenes que evitan el contacto con las autoridades para no ser filiados. Pérez Correa ha calificado la coyuntura de «absoluta anormalidad» en declaraciones a Radio Nacional de España, confirmando la previsión de trasladar a 500 niñas a distintas comunidades autónomas de la Península en un plazo de pocas semanas.
El marco legal español atribuye a las comunidades y ciudades autónomas la tutela exclusiva y la guardia de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en su territorio, conforme a la legislación de protección jurídica del menor. Esta distribución competencial provoca que crisis de llegadas concentradas en enclaves fronterizos de reducidas dimensiones territoriales como Ceuta colapsen de inmediato los servicios sociales locales, haciendo imprescindible la intervención de la Administración General del Estado para articular derivaciones interterritoriales y financiar dispositivos de emergencia supletorios.
Tensión diplomática sobre la soberanía de las plazas africanas
La gestión operativa de la crisis convive con una reactivación del frente diplomático con Rabat. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había defendido previamente la colaboración con el reino alauí y asegurado de forma pública que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos». Sin embargo, las repatriaciones continúan ralentizadas mientras el Gobierno marroquí ha elevado el tono político sobre el estatus de las dos ciudades autónomas.
El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha declarado al canal público 2M que Ceuta y Melilla representan un «derecho histórico y geográfico» de su país, proponiendo la creación de una «comisión de diálogo» permanente con Madrid orientada a conseguir su «retorno al seno de la patria». Ouahbi ha remarcado que se trata de un asunto prioritario sobre el cual las autoridades marroquíes «no pueden guardar silencio».
La respuesta institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores español ha sido inmediata a través de un comunicado oficial en el que subraya que «Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE». El departamento encabezado por Albares ha recalcado que ambas plazas «forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente», concluyendo con un rechazo tajante a «cualquier planteamiento distinto» formulado desde el país vecino sobre la soberanía de ambos territorios.
Fuente: 20minutos
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