La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Lezo, donde el expresidente madrileño niega sobreprecios y acusa a Ignacio González de manipulación política
Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha declarado en el juicio del caso Lezo que la compra en 2001 del 75% de la empresa colombiana INASSA por parte de Canal de Isabel II fue «legal, rentable y sin perjuicio para fondos públicos». La operación, investigada por un supuesto sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros, se reabrió este martes en la Audiencia Nacional tras su testimonio.
Ruiz-Gallardón, quien entonces presidía la Comunidad de Madrid, insistió en que la transacción —aprobada inicialmente por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2001— se ejecutó conforme a lo autorizado y sin ocultaciones. «No hubo sobreprecio ni perjuicio para la Comunidad», afirmó, destacando que la operación permitió a Canal de Isabel II expandirse internacionalmente sin aumentar su endeudamiento.
La fiscalía, sin embargo, sostiene que la compra se realizó de forma indirecta —adquiriendo una sociedad panameña (Aguas de América S.A.) que incluía el 75% de INASSA— y que esto generó un sobrecoste de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros, sin justificación y en beneficio exclusivo de los vendedores. Ruiz-Gallardón argumentó que el Consejo de Administración de Canal de Isabel II —compuesto por representantes de la Comunidad, empresarios, sindicatos y grupos municipales— no requirió nueva autorización del Gobierno autonómico al no incrementarse la deuda.
El expresidente también recordó que Agapito Ramos, entonces consejero del PSOE en Canal de Isabel II y exmiembro del Gobierno de Joaquín Beguina, le felicitó por la operación. «Fue un órgano plural que validó la decisión», subrayó.
El testimonio de Manuel Cobo: una «operación política» contra Ruiz-Gallardón
Manuel Cobo, consejero de Presidencia durante el gobierno de Ruiz-Gallardón, declaró que el caso responde a una «manipulación política» orquestada por Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. Cobo reveló que González y Eduardo Zaplana —exministro y expresidente valenciano— mantuvieron conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde aludían a la operación como un «pelotazo» de Ruiz-Gallardón.
Además, Cobo denunció que González encargó informes años después —cuando él ya no estaba en el gobierno— a un despacho de abogados para «empeorar» la valoración de la compra y justificar su investigación. «No fue una operación de 2001, sino una construcción posterior», afirmó.
El contexto legal: ¿sobreprecio o expansión internacional?
La compra de INASSA se enmarcó en el plan de expansión internacional de Canal de Isabel II, aprobado para diversificar sus activos fuera de España. Según la fiscalía, la operación incumplió los términos autorizados por el Consejo de Gobierno, al adquirir activos adicionales (como el 51% de la dominicana WATCO S.A.) sin nueva aprobación. Ruiz-Gallardón negó estas irregularidades y aseguró que la Cámara de Cuentas y la Asamblea de Madrid no cuestionaron la transacción.
El caso Lezo investiga a 19 acusados, entre ellos los exconsejeros Pedro Calvo Poch (Medio Ambiente) y Juan Bravo Rivera (Hacienda), quienes formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II. Ambos son juzgados por presunta malversación y prevaricación.
Implicaciones políticas: ¿venganza interna o corrupción real?
El testimonio de Ruiz-Gallardón y Cobo ha reabierto el debate sobre si el caso responde a rivalidades internas del PP o a irregularidades reales. Mientras la fiscalía insiste en el sobreprecio, los acusados —todos vinculados al gobierno de Ruiz-Gallardón— señalan una «persecución política». La sentencia podría aclarar si la operación fue un error de gestión o una maniobra para beneficiar a terceros.
El juicio, que se reanudó este martes, podría prolongarse semanas. La defensa de los acusados ha anunciado que presentará pruebas adicionales para demostrar la legalidad de la transacción.
