El ministro de Justicia vincula el fallo de Llarena con los recursos pendientes en el Constitucional y la sentencia del TJUE de julio, mientras Puigdemont sigue a la espera de una decisión definitiva
El Tribunal Supremo ha rechazado este martes la petición de Carles Puigdemont para amnistiar un delito de malversación, según ha confirmado el magistrado Pablo Llarena. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reaccionado subrayando que la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo, pero ha aclarado que esto solo ocurrirá cuando se aplique a todos los protagonistas del *procés*.
El auto de Llarena, según Bolaños, incorpora por primera vez los recursos de amparo pendientes ante el Tribunal Constitucional y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ) de julio de 2026. Ahora es momento de dejar trabajar a los tribunales, ha añadido el ministro, evitando pronunciarse sobre plazos concretos.
La ley de amnistía, aprobada en marzo de 2023, ya excluyó expresamente los delitos de malversación y prevaricación, pero Puigdemont y otros líderes independentistas recurrieron al Constitucional para ampliar su alcance. El fallo de Llarena, que ahora depende de la resolución de estos recursos, marca un punto de inflexión: si el Constitucional confirma la exclusión de estos delitos, la amnistía quedaría limitada a infracciones menores.
El *procés* dejó 12 condenas firmes en 2019, incluyendo a Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes catalanes. La sentencia del UJUÉ de julio de 2026, citada por Bolaños, declaró que los Estados miembros de la UE pueden amnistiar delitos políticos sin violar el derecho europeo, pero no especifica si esto incluye delitos de malversación. Mientras, el Gobierno catalán, liderado por Pere Aragonès, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el auto, aunque fuentes cercanas al Govern insisten en que «la amnistía debe aplicarse sin excepciones» para cerrar la herida política.
El Constitucional, con tres magistrados nombrados por el PP y tres por el PSOE, podría fallar en los próximos meses. Si confirma la exclusión de malversación, la ley quedaría reducida a un efecto simbólico para los casos menos graves, sin afectar a las condenas más duras. Bolaños, en declaraciones en el Senado, evitó criticar directamente a Puigdemont, pero dejó claro que «la normalización de Cataluña depende de que la ley se aplique de forma homogénea» a todos los implicados, no solo a algunos.
