Salvador Illa reconoce la imposibilidad de alcanzar una meta legal desde 2009, con un déficit histórico que supera los 6.000 millones anuales
Salvador Illa, conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña, admitió este lunes que la comunidad necesitaría destinar 6.785 millones de euros adicionales en 2024 para cumplir con el compromiso legal de invertir el 6% del PIB catalán en educación, un objetivo incluido en la ley autonómica desde 2009 pero nunca alcanzado.
Las últimas cifras ejecutadas revelan un déficit histórico: en el ejercicio 2024 —último con datos liquidados—, Cataluña habría requerido esa cantidad extra para llegar al porcentaje pactado. La meta, que obliga a un gasto público en educación superior al de cualquier otra comunidad autónoma, choca con las cuentas reales de la Generalitat, donde el gasto educativo se ha mantenido estancado en torno al 4,5% del PIB en la última década.
El compromiso del 6% del PIB en educación fue aprobado por el Parlament catalán en 2009 bajo el gobierno de Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC), con apoyo de PSC y CiU. Sin embargo, su cumplimiento se ha visto lastrado por recortes presupuestarios durante la crisis económica de 2012-2014 y por la posterior tensión financiera entre el Estado y la Generalitat, agravada tras el 155. Illa, en declaraciones a medios, reconoció que «la situación económica actual hace inviable cumplir este objetivo sin un acuerdo de financiación extraordinario con el Gobierno central».
La promesa del 6% del PIB en educación es un pilar histórico del pacto de gobierno entre ERC y Junts, pero su viabilidad depende ahora de un acuerdo fiscal con Madrid que permita a Cataluña incrementar su capacidad recaudatoria. Mientras, el PP y Vox han criticado la medida como un «gasto insostenible», señalando que otras comunidades como Madrid o Andalucía destinan menos del 5% del PIB a educación sin que ello afecte a sus resultados académicos. La Federación de Municipios de Cataluña, por su parte, advirtió que el incumplimiento de la meta podría derivar en recortes en infraestructuras escolares locales, ya pensionadas por la falta de inversión.
El anuncio de Illa llega en un contexto de creciente presión social por la calidad educativa en Cataluña, donde el informe PISA 2022 situó a la comunidad por debajo de la media española en competencias básicas. La oposición catalanista, sin embargo, acusa al Gobierno central de sabotear la autonomía financiera de Cataluña, mientras que el PSOE catalán pide un «diálogo serio» para revisar metas «ir realistas» sin afectar a los servicios públicos.
