Desde la energía hasta la policía, el Govern catalán acumula renuncias sin explicación clara en un ritmo récord: cinco en los últimos tres meses
Salvador Illa, presidente del Govern catalán, enfrenta una sangría de dimisiones sin precedentes en su mandato: ocho altos cargos han abandonado la Generalitat en solo dos años, cinco de ellos en los últimos tres meses. La última, la del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, el pasado 9 de septiembre, ha puesto el foco en un patrón recurrente: renuncias justificadas como ‘motivos personales’ que ocultan tensiones internas y crisis de gestión en áreas críticas como Educación, Justicia o Interior.
La lista incluye desde directores generales hasta una consellera, con un denominador común: la falta de transparencia. Ninguna de las salidas ha aportado explicaciones convincentes, ni siquiera en casos como el de Teresa Sambola, cesada el 31 de agosto tras el mal resultado de Cataluña en el informe PISA, donde el Govern evitó atribuirle responsabilidad directa. La media de una baja cada trimestre —con tres en Educación— refleja un desgaste institucional que contrasta con el discurso inicial de Illa sobre ‘normalidad y buena gestión’.
El caso más explosivo es el de Trapero, fichado personalmente por Illa durante la campaña electoral y vinculado a un pulso interno con la consellera de Interior, Núria Parón. Su sustitución por Ferran López, un comisario alineado con el cuerpo policial, subraya la fractura entre el Govern y los independientes que Illa intentó incorporar. Mientras, la dimisión de Tomàs Carrión, secretario general de Interior, el 1 de septiembre, deja al descubierto el conflicto entre Parón y Trapero, un enfrentamiento que ha escalado hasta el nivel directivo.
La crisis no se limita a Interior. Mònica Martínez Bravo, consellera de Bienestar Social, dimitió en julio alegando que su hija vivía en Madrid, una explicación que no convenció a la oposición. Su relevo por Raúl Moreno, exdiputado del PSC, refleja la dependencia del Govern de su sector más ortodoxo. En Educación, tres bajas en menos de un año —Josefa Beltrán, Xavier Güell y Teresa Sambola— revelan un área en crisis, donde la consellera Esther Niubó ha tenido que reestructurar el equipo tras el varapalo de PISA.
El Govern niega que exista una crisis,, pero los datos hablan por sí solos: en dos años, la Generalitat ha perdido a figuras clave como Josep Maria Serena (Energía), Jesús María del Cacho (Justicia Juvenil) o Marta Morera, quien sustituyó a Serena pero no logró impulsar las renovables. La dimisión de Del Cacho, el mismo día que Trapero, coincide con el caso del asesinato en Manresa, donde dos menores esperan resolución judicial, y con el auge de Alianza Catalana, que capitaliza el malestar social.
El patrón de las renuncias: ¿motivos personales o crisis institucional?
Las ‘razones personales’ esgrimidas en siete de las ocho dimisiones —desde Serena (5 meses en el cargo) hasta Carrión— chocan con el contexto. Beltrán y Güell abandonaron Educación y Centros Concertados el mismo día de marzo de 2025, justo cuando se perfilaba una crisis en el sector. Trapero, con un perfil independiente, encaja en la tendencia de fichajes que luego fracasan, como advirtió el propio Govern al contratar a Marta Clarí (gerente del Ayuntamiento de Barcelona) para sustituir a Sambola.
La dimisión de Del Cacho el 9 de septiembre, el mismo día que Trapero, sugiere una conexión con el caso de Manresa, donde la lentitud en la justicia juvenil ha avivado las críticas. Aunque la Generalitat insiste en que es una coincidencia, la sustitución por María-Paz Vallès Creixell —una abogada— refuerza la idea de un cambio de rumbo en un área bajo presión.
El PSC, partido de Illa, ha tenido que recurrir a su núcleo duro para cubrir los huecos. Moreno, Clarí o Aguilar (sustituto de Güell) son figuras del partido, no independientes. Esto contrasta con el discurso inicial de Illa sobre ‘apertura’ y ‘talento externo’, que ha derivado en una dependencia casi exclusiva del PSC.
¿Qué se juega Illa y el Govern?
Para Salvador Illa, la acumulación de dimisiones pone en riesgo su credibilidad. Prometió estabilidad institucional, pero el ritmo de renuncias —especialmente en áreas sensibles como Educación o Interior— debilita su imagen. La oposición, liderada por Junts y PP, ya acusa al Govern de ‘amateurismo’ y falta de control.
En el plano político, el PSC enfrenta una división interna: mientras Illa apuesta por perfiles técnicos, la base del partido reclama más peso en la gestión. La crisis en Educación, con tres bajas en un año, amenaza además con afectar a las elecciones autonómicas de 2027, donde el partido necesita mostrar resultados.
El caso de Trapero es el más delicado. Su dimisión, tras ser fichado por Illa en campaña, refleja la dificultad de integrar independientes en un Govern con tensiones internas. La sustitución por López, un comisario leal al cuerpo, indica que la prioridad ahora es la estabilidad operativa, no la renovación.
En el ámbito social, la sangría de cargos coincide con el ascenso de Alianza Catalana, que aprovecha el descontento por casos como el de Manresa o el estancamiento en políticas clave. La Generalitat, además, ha fracasado en áreas como las energías renovables —Marta Morera no logró el impulso prometido— o la educación, donde el informe PISA ha expuesto debilidades.
¿Qué sigue? El reloj corre para Illa
Con solo 18 meses hasta las próximas elecciones autonómicas, Illa necesita frenar la hemorragia. Las próximas semanas serán clave: si las renuncias continúan al ritmo actual, el Govern podría quedarse sin equipo en áreas críticas. La sustitución de Trapero por López —un perfil más conservador— sugiere que la prioridad es la estabilidad, no la innovación.
La oposición ya exige explicaciones. Junts y PP han pedido una comisión de investigación parlamentaria para aclarar las dimisiones, especialmente las vinculadas a conflictos internos como el de Interior. Mientras, el PSC debe decidir si apuesta por más figuras externas —riesgo de más dimisiones— o se ciñe a su núcleo tradicional, lo que podría agravar las tensiones.
El caso de Del Cacho y el asesinato de Manresa añade presión. La Generalitat debe resolver el futuro de los menores implicados antes de que el caso se convierta en un símbolo del fracaso de su política de justicia juvenil. Si no actúa, Alianza Catalana podría capitalizar el malestar y erosionar aún más el apoyo al Govern.
Para Illa, el tiempo se agota. Dos años después de prometer normalidad, la Generalitat está más dividida que nunca. La pregunta es si podrá recuperar el control antes de que las elecciones conviertan esta crisis en una derrota electoral.
