El magistrado instructor del ‘procés’ rechaza ahora levantar la orden, pero deja la puerta abierta a hacerlo el 5 de octubre tras el aval del Constitucional
Pablo Llarena, magistrado instructor del Tribunal Supremo en la causa del ‘procés’, ha rechazado levantar la orden de búsqueda y captura nacional contra Carles Puigdemont y otros líderes fugados, pero ha anunciado que evaluará la posibilidad a partir del 5 de octubre, cuando el Tribunal Constitucional prevea avalar la aplicación de la amnistía a todos los condenados por delitos de desobediencia e inhabilitación.
La decisión llega apenas días después de que el Tribunal de Cuentas rechazara aplicar la amnistía de forma directa a los líderes políticos del ‘procés’ condenados por malversación de fondos públicos, tras el aval previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ) a la norma.
Según el texto fuente, Llarena no ha levantado la orden de busca y captura en esta fase, pero ha dejado abierta la posibilidad de revisarla en el futuro, vinculando su decisión a la futura resolución del Constitucional sobre el alcance de la amnistía.
El marco legal: amnistía, malversación y el papel del Constitucional
La amnistía aprobada en 2023 para los condenados por delitos relacionados con el ‘procés’ fue validada parcialmente por el UJUÉ en junio de 2026, pero el Tribunal de Cuentas ya había aclarado que no se aplicaría a los casos de malversación de fondos públicos, como el de Puigdemont. Ahora, el Constitucional deberá determinar si la amnistía cubre también a los condenados por inhabilitación, un paso clave para que Llarena pueda reconsiderar las órdenes de busca y captura.
El plazo del 5 de octubre es crítico: si el Constitucional avala la amnistía para los inhabilitados, el juez podría revisar su postura y levantar las órdenes, siempre que no existan delitos de malversación pendientes. Hasta entonces, Puigdemont y otros fugados siguen con órdenes activas.
¿Qué se juegan las partes?
Para el Gobierno y los independentistas, esta decisión es un pulso legal: el Constitucional podría cerrar el círculo de la amnistía, pero el Supremo aún debe alinearse. Para la Fiscalía y el PP, la demora en levantar las órdenes refuerza su postura de que la amnistía es una ‘ley de impunidad’. Mientras, Puigdemont y su entorno observan cómo el proceso judicial avanza hacia un posible levantamiento de las órdenes, aunque sin garantías definitivas.
El caso refleja la tensión entre la justicia ordinaria y la política: mientras el Constitucional decide, el Supremo mantiene el statu quo, pero deja claro que su postura podría cambiar si el marco legal evoluciona.
