El abogado del expresidente catalán argumenta que ninguna parte se opone a la medida, mientras la consejera Elena Hernáez insiste en que el fallo europeo ‘se cumple, no se reinterpreta’
Carles Puigdemont ha perdido la paciencia con la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernanz. En un escrito de 22 páginas presentado este lunes, su abogado Gonzalo Boye responde a la segunda petición de alegaciones de Hernanz sobre la aplicación de la amnistía a los 35 demandados por el procés. El plazo para decidir vence este miércoles, dos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ) desestimara que su aplicación afectara a los intereses de la UE.
El texto, al que ha tenido acceso El Periódico, repite los argumentos de julio, pero añade un dato clave: ninguna de las partes —ni siquiera Societat Civil Catalana (SCC), acusación en el proceso— se opone formalmente a la amnistía. ‘No niega que los hechos estén comprendidos en el artículo 1 de la ley’, señala el escrito, citando textualmente a la organización independentista. ‘No afirma que concurra exclusión alguna del artículo 2 y declara que no sostiene que las partidas reclamadas fueran financiadas con fondos europeos’. Según Puigdemont, la SCC solo pide investigar una hipótesis que ella misma no defiende.
La consejera Hernanz, sin embargo, mantiene su postura: la sentencia del UJUÉ ‘no se reinterpreta, se cumple’. Su equipo insiste en que el fallo europeo cierra cualquier vía para aplicar la amnistía a los casos vinculados a fondos comunitarios, como los gastos del procés en 2017. El plazo legal —dos meses desde la sentencia— expira este miércoles, 17 de septiembre, y Puigdemont apuesta porque el Tribunal actúe antes para evitar un statu quo que podría alargar el proceso.
El UJUÉ y el límite legal: ¿qué dice la sentencia?
El fallo del UJUÉ, de 17 de julio de 2024, estableció que la amnistía española no vulnera el derecho de la UE siempre que no se aplique a hechos financiados con fondos europeos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas interpreta que cualquier gasto vinculado a proyectos cofinanciados —como los de infraestructuras durante el procés— queda excluido. La consejera Hernanz ya había rechazado en julio las alegaciones de Puigdemont, argumentando que la ley de amnistía no puede retroactivamente ‘limpiar’ responsabilidades contables ya iniciadas.
El conflicto legal se centra en dos puntos: 1) si el UJUÉ permite aplicar la amnistía a los 35 demandados —entre ellos Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín— y 2) si el Tribunal de Cuentas puede ignorar el plazo de dos meses establecido en la ley para resolver. La consejera Hernanz ha sido crítica con la interpretación de Puigdemont, tachando de ‘jurídicamente insostenible’ que se reabra el debate tras la sentencia europea.
¿Qué se juega cada parte?
Para Puigdemont, la amnistía es la única vía para evitar condenas económicas. Si el Tribunal de Cuentas rechaza aplicar la ley, los demandados podrían enfrentar sanciones de hasta 600.000 euros por responsabilidad contable, según el artículo 141 de la Ley General de Hacienda Pública. La SCC, aunque no se opone formalmente, mantiene su demanda para investigar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos durante el procés, un escenario que Puigdemont descarta como ‘una hipótesis sin base’.
El Gobierno central, por su parte, evita pronunciarse públicamente, pero fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a El Periódico que ‘vigilan el proceso’ sin intervenir. La Fiscalía, que actúa como acusación particular, tampoco ha modificado su postura: en julio, su representante ante el Tribunal de Cuentas solicitó que se archivara la amnistía por considerar que ‘no cubre los delitos de malversación’.
El plazo hasta el 17 de septiembre es clave. Si Hernanz no resuelve antes, Puigdemont podría recurrir al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional para forzar una decisión. La consejera, en cambio, apuesta por alargar el proceso, alegando que ‘falta claridad jurídica’ sobre cómo aplicar la amnistía sin vulnerar el fallo del UJUÉ.
Lo que está en juego no es solo el futuro de los demandados, sino el alcance de la ley de amnistía. Si el Tribunal de Cuentas la rechaza, sentaría un precedente para otros casos —como los de corrupción en Cataluña— donde la fiscalía podría argumentar que la amnistía no cubre delitos con fondos públicos. Puigdemont, en cambio, ve en este proceso una prueba de fuego para la legalidad de la ley, aprobada en junio de 2022 con los votos de PSOE, Sumar y ERC.
