La consejera Elena Hernáez concede cinco días más de alegaciones tras la respuesta del TJUE que no bloquea la aplicación de la ley de gracia
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernanz ha retrasado hasta el martes o miércoles la decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía a Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y 32 demandados por el presunto desvío de fondos públicos durante el *procés*. Hernanz ha abierto un nuevo plazo de cinco días para alegaciones, el segundo desde que el Tribunal de Justicia de la UE (UJUÉ) validó en julio que la amnistía puede aplicarse al caso.
La demora llega tras la consulta del Tribunal de Cuentas al UJUÉ en julio de 2024, cuando Hernanz preguntó si la amnistía afectaba a los intereses financieros de la UE. El tribunal europeo respondió que no hay obstáculo si no se demostró desvío de fondos europeos. Ahora, con la respuesta en la mano, Hernanz solicita informes a las partes antes de resolver. La fiscalía y los demandados —excepto Societat Civil Catalana— coinciden en pedir la aplicación de la amnistía, que ya fue reclamada por la Generalitat para evitar avales por 4,1 millones (referéndum del 1-O) y 5,4 millones (acción exterior del *procés*).
El caso juzga si se desviaron 5,4 millones (según Societat Civil) o 3,1 millones (cifra inicial de la fiscalía). Hernanz rechazó una investigación adicional solicitada por SCC para rastrear el origen del dinero, al limitarse el trámite a alegaciones documentales. La consejera, propuesta por el PP, evitó sentenciar antes de la ley de amnistía (aprobada en julio) para poder consultar a la UE, algo que ahora cierra con este nuevo plazo.
El retraso beneficia a los independentistas, que evitan una condena inmediata. Puigdemont y Mas se reúnen este 10 de septiembre en Bélgica, en vísperas de la Diada, mientras el Govern catalán —que nunca reconoció perjuicio— ya pidió aplicar la amnistía para liberar avales. La decisión final dependerá de si Hernanz considera probado el desvío de fondos, un punto en disputa desde 2020.
En la providencia del 31 de julio de 2024, la consejera dejó en suspenso la redacción de la sentencia que preparaba, al elevar una consulta al UJUÉ sobre la aplicación de la ley de amnistía a la causa, al entender que las conductas que juzgó “implican una afectación a los intereses financieros de la UE”, tanto si se interpretan restrictivamente como si se hace de forma amplia. Cuando el pasado mes de julio, el tribunal con sede en Luxemburgo le respondió que si no hay fondos europeos desviados, no puede haber afectación de los intereses europeos, decidió conceder un plazo de 10 días a las partes para que alegaran lo más conveniente a sus intereses.
