El Ayuntamiento de Collboni lanza inspecciones tras admitir que la ley de 1998 nunca se aplicó; Gràcia ya visita 850 locales esta semana
El Ayuntamiento de Barcelona desplegará en 2027 un plan de inspecciones para sancionar a comercios que incumplan la normativa lingüística catalana, una medida sin precedentes en la ciudad. La comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, confirmó que el consistorio —dirigido por el socialista Jaume Collboni— incorporará por primera vez controles directos, tras reconocer que ningún establecimiento había sido multado desde que la ley de política lingüística entrara en vigor en 1998 y el Código de Consumo catalán en 2010. Hasta ahora, el Ayuntamiento solo enviaba cartas informativas sin seguimiento.
Las primeras inspecciones arrancarán este trimestre en La Rambla, antes de su remodelación prevista para febrero de 2027, y luego se extenderán al resto de distritos. En paralelo, el barrio de Gràcia iniciará este lunes visitas puerta a puerta a 850 establecimientos para detectar incumplimientos. Aunque el Ayuntamiento descarta por ahora multas, Salicrú admitió que el objetivo es «transformar rápidamente» la situación, sin aclarar qué pasará con los negocios que sigan resistiéndose. Hasta hoy, solo la Agencia Catalana de Consumo podía sancionar, con multas de hasta 3.000 euros en municipios como Vic o Olot.
El giro se explica por un aumento de quejas que Salicrú atribuye a dos factores: la presión migratoria y el modelo turístico de la ciudad, que habría relajado el cumplimiento «espontáneo» de la normativa. Sin embargo, el consistorio no tiene cifras actualizadas de denuncias, dispersas entre la Agencia de Consumo, oficinas municipales y entidades como Plataforma per la Lengua. La medida llega cuando otros ayuntamientos catalanes ya aplican sanciones, pero Barcelona opta por un enfoque gradual, priorizando la «incidencia» sobre la vía penal.
El plan contempla la creación de un registro digital de los establecimientos inspeccionados, que será actualizado mensualmente y compartido con la Agencia Catalana de Consumo para evitar duplicidades en las denuncias.
