El presidente gallego rechaza cifras y exige «planificación» al Gobierno, mientras el BNG le acusa de seguir «al dedillo» a Génova
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha rechazado este jueves participar en el reparto de menores llegados desde Ceuta sin un plan claro, acusando al Gobierno de «opacidad absoluta» y de buscar «sacarse de encima» un problema que considera una «gestión disparatada». Su negativa llega tras las declaraciones del secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, quien defendió el traslado de menores a las comunidades como la «única fórmula viable».
Rueda exige «planificación, comunicación y financiación» antes de asumir cualquier responsabilidad. «No podemos admitir que el Gobierno intente normalizar una situación que no lo es», advirtió, criticando que la propuesta actual «renuncia desde el principio» a buscar soluciones alternativas, como la reunificación familiar. El líder gallego insistió en que el reparto automático no debe convertirse en el «protocolo habitual» del Estado ante crisis migratorias.
Su postura choca con la del Gobierno central, que ya ha activado mecanismos para distribuir a los menores entre comunidades. Según datos del Ministerio del Interior, Galicia podría asumir una parte significativa de estos traslados, aunque Rueda evitó confirmar cifras hasta conocer los detalles exactos. La Xunta ya ha movilizado recursos para acoger a menores en situación de vulnerabilidad, pero condiciona su colaboración a un «marco de seriedad».
La oposición gallega no tardó en reaccionar. El BNG, principal partido de la oposición en Galicia, acusó a Rueda de «traicionar los intereses del país» al alinearse con la línea de Génova. Ana Pontón, portavoz del partido, tachó su postura de «ultra» y recordó que «emigrar es un drama», en referencia a la crisis humanitaria en Ceuta. Mientras, el PP gallego apoyó la posición de Rueda, aunque exigió al Gobierno «transparencia total» en el proceso.
El conflicto refleja la tensión entre autonomías y el Ejecutivo central por la gestión de la crisis migratoria. Mientras el Gobierno insiste en la «solidaridad territorial», comunidades como Galicia exigen «evitar precedentes» que puedan repetirse en futuras oleadas. La decisión de Rueda podría sentar un precedente para otras regiones, donde el rechazo a acoger migrantes sin garantías ha crecido en los últimos meses.
