La Xunta exige negociación multilateral y financiación para asumir la acogida de menores no acompañados tras la crisis migratoria del 30 de julio
La Xunta de Galicia mantendrá su postura de no modificar su discurso sobre el posible traslado de menores no acompañados desde Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. En la Comisión Sectorial de Juventud que se celebrará este jueves, el gobierno autonómico reiterará su posición: Galicia actuará como tierra de acogida solo si el reparto se enmarca en una negociación multilateral y cuenta con los fondos necesarios para cubrir los servicios extraordinarios que requiera.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fijó esta postura semanas atrás, condicionando la acogida a un acuerdo que incluya financiación estatal. La crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas entraron en la ciudad autónoma, ha reavivado el debate sobre la distribución de menores entre comunidades autónomas, un tema recurrente en situaciones similares desde 2018. Galicia, que ya acogió a 200 menores en 2021 tras otro episodio migratorio, insiste en que la carga económica no puede recaer únicamente en las autonomías.
La Comisión Sectorial de Juventud, órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades, será el escenario donde la Xunta formalice su negativa a asumir nuevos menores sin garantías financieras. Este rechazo se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno central y varias autonomías, que han criticado la falta de un protocolo claro para estos casos. Andalucía y Madrid, por ejemplo, ya han advertido que no aceptarán más menores sin un reparto equitativo y fondos adicionales.
El marco legal actual, regulado por la Ley de Extranjería, establece que las comunidades autónomas son responsables de la acogida de menores no acompañados, pero no especifica mecanismos de financiación extraordinaria. Esta laguna ha generado conflictos recurrentes, como el de 2020, cuando varias autonomías llevaron al Gobierno a los tribunales por imponer cupos sin recursos. La postura gallega, en este sentido, refleja una estrategia común entre gobiernos autonómicos para presionar al Estado a asumir un papel más activo en la gestión de crisis migratorias.
La decisión de la Xunta también tiene implicaciones políticas. El PP, que gobierna en Galicia, ha utilizado este tipo de crisis para criticar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de falta de previsión y coordinación. En este caso, la negativa gallega podría servir como argumento para reforzar esa narrativa, especialmente de cara a las elecciones autonómicas previstas para 2027. Mientras, el Gobierno central, que aún no ha detallado cómo financiará la acogida de los menores, se enfrenta a la presión de encontrar una solución antes de que la situación en Ceuta se agrave.
Fuente: ABC
