El Gobierno personado en la investigación de Ceuta ataca a la jueza María Tardón por su ‘pasado político’ mientras el Supremo frena el censo de la ley de nietos por riesgo electoral
El Gobierno de Pedro Sánchez ha escalado su conflicto con el Poder Judicial en dos frentes simultáneos: la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la suspensión cautelar de los efectos electorales de 400.000 nacionalizaciones concedidas por la ley de nietos. Ambos casos han desencadenado acusaciones cruzadas de parcialidad, con ministros como Óscar López y Óscar Puente cuestionando la imparcialidad de jueces concretos —María Tardón en la Audiencia Nacional y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo— en un contexto de creciente tensión institucional a menos de un año de las elecciones de 2027.
La crisis estalló el 30 y 31 de julio de 2026, cuando entre 70.000 y 80.000 personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta. Sánchez calificó entonces los hechos de «ataque» y «violación de la integridad territorial de España». La jueza María Tardón asumió la investigación al apreciar indicios de delitos contra la paz o independencia del Estado, homicidios imprudentes y organización criminal. En su auto, citó expresamente las palabras de Sánchez y señaló una «gestión favorecedora» desde territorio marroquí.
El Ejecutivo reaccionó personándose como perjudicado en la causa, pero al mismo tiempo cuestionó a Tardón. Óscar Puente, ministro de Transportes, afirmó que «ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad» y recordó que fue concejala del PP en Madrid. Criticó que ordenara a la Policía no transmitir un informe sobre los hechos, al tratarse de «cuestiones relativas a la seguridad nacional». Puente consideró que esa reserva «denota un cierto principio de desconfianza». La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, respaldó al ministro: «Lo que ha hecho es lo que hace siempre… como buen jurista». Desde el PSOE, Montse Mínguez añadió que Tardón «tiene el pasado que tiene y empieza regulan».
La Audiencia Nacional defendió a Tardón. Su presidente, Juan Manuel Fernández, aseguró que su independencia e imparcialidad están «absolutamente fuera de toda duda» y que las críticas «no contribuyen a la fortaleza del Estado de derecho». Mientras, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspendió los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos, salvo que acrediten exilio político entre 1936 y 1955. La resolución, impulsada por Vox e Iustitia Europa, argumentó que el incremento de 400.000 electores nuevos desde 2023 genera «un peligro fundado» para la objetividad del proceso electoral.
El Gobierno no compartió la decisión. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, la calificó de «muy discutible jurídicamente» y pidió al Supremo que resuelva el fondo «antes de las elecciones de 2027». Óscar López fue más duro: tildó el auto de «salvajada» y «atropello democrático», acusando a «sectores judiciales» de estar «empeñados en tumbar al Gobierno». Relacionó la decisión con la frase de José María Aznar de «que el que pueda hacer que haga» y habló de «lobos solitarios». Óscar Puente coincidió en señalar a esos «salva patrias».
La Junta Electoral Central acató el mandato del Supremo, aunque de forma dividida. Varios vocales consideraron que el alto tribunal se había excedido al restringir un derecho fundamental sin oír a los afectados. La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya había advertido en la apertura del año judicial contra las «descalificaciones públicas» a los magistrados.
El contexto legal: la ley de nietos y su impacto electoral
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 —conocida como ley de nietos— permitió la nacionalización de descendientes de exiliados republicanos. Una instrucción ministerial de 2022 presumió la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, lo que facilitó el acceso al CERA y, por tanto, al voto. La medida, impulsada por el Gobierno de Sánchez, generó un aumento récord de 400.000 electores nuevos desde 2023, concentrados en comunidades como Cataluña, País Vasco y Madrid. El Supremo argumentó que este incremento «alteraba las condiciones de igualdad» en el proceso electoral, un criterio que ya había aplicado en casos como el de los «papeles de Panamá».
El precedente de Ceuta: ¿un delito de Estado?
La investigación de Tardón por la entrada masiva en Ceuta se enmarca en un debate más amplio sobre la soberanía territorial y la respuesta institucional a crisis migratorias. El auto de la jueza citó expresamente las palabras de Sánchez, quien calificó los hechos de «ataque». Sin embargo, el Gobierno ha evitado hasta ahora calificar los sucesos como un delito de Estado, término que sí usó la oposición. La personación del Ejecutivo como perjudicado en la causa —una decisión sin precedentes en casos similares— refleja su estrategia de doble vía: colaborar formalmente con la justicia mientras cuestiona su imparcialidad. La referencia a la filiación política de Tardón (exconcejala del PP) ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en casos de alta sensibilidad política.
Las implicaciones políticas: ¿hacia un adelanto electoral?
Las críticas del Gobierno al Poder Judicial coinciden con un contexto de creciente polarización y especulaciones sobre un posible adelanto electoral. La suspensión de los efectos electorales de la ley de nietos afecta directamente a partidos como el PSOE, que ha defendido la medida como un acto de reparación histórica. Mientras, la investigación de Ceuta podría servir como argumento electoral para la oposición, que ya acusa al Gobierno de «gestión caótica» en materia migratoria. La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, advirtió en la apertura del año judicial contra las «descalificaciones públicas» a los magistrados, en un intento por desactivar la escalada de tensiones. Sin embargo, las declaraciones de López y Puente —que hablan de «salva patrias» y «lobos solitarios»— han profundizado la fractura.
El Ejecutivo insiste en que respeta la independencia judicial y se personará o colaborará donde proceda. Pero al mismo tiempo, ha situado a jueces concretos —Tardón en Ceuta y la Sala del Supremo en la ley de nietos— en el centro de sus reproches, en un contexto donde la confianza en las instituciones se resiente. La pregunta ahora es si estas tensiones se resolverán antes de las elecciones o si, por el contrario, se convertirán en un elemento más de la campaña.
