El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública acusa al Supremo de «atropello democrático» por suspender el voto a los beneficiarios de la ley de nietos
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de «salvajada» y «atropello democrático» la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad española gracias a las facilidades de la conocida como ley de nietos. López ha ido más allá y ha sostenido que hay jueces que «se empeñan en tumbar al Gobierno» y que «son salvapatrias». En una entrevista en TVE, el ministro llegó a afirmar que «hay lobos solitarios que atienden la llamada de Aznar», un término que suele emplearse para designar a terroristas que actúan en solitario siguiendo órdenes o directrices.
La salida al ataque de López forma parte de una estrategia deliberada de La Moncloa. Tras 47 días de perfil bajo, el Gobierno considera que ha llegado el momento de abrir la puerta y defender «nuestra gestión» frente a las críticas por la crisis de Ceuta. Fuentes del Ejecutivo explican que la consigna es «salir a defender la gestión del Gobierno, lo que estamos haciendo, salir al ataque, con la tranquilidad y la seguridad de que nosotros estamos haciendo lo correcto».
No es casual la elección de los portavoces. Dos ministros con peso político, Óscar López y Óscar Puente, han sido los designados para ser la voz del Ejecutivo en esta ofensiva. Fuentes gubernamentales subrayan que se trata de perfiles con trayectoria y sin pelos en la lengua, capaces de emplear términos que el jefe del Ejecutivo no puede usar, pero con los que comulga y bendice.
La jueza Tardón y el informe sobre Ceuta
En el punto de mira del Gobierno hay dos decisiones judiciales concretas. La primera es la de la jueza María Tardón, que instó a la Policía a no informar sobre el informe que preparó acerca de la crisis de Ceuta. La segunda es la del Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de los beneficiarios de la ley de nietos. La Moncloa considera que ambas resoluciones le conceden un flanco de desahogo y contraataque en un momento de debilidad política.
La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial no es nueva, pero fuentes socialistas admiten que ha escalado hasta convertirse en fuego a discreción. «No nos vamos a callar, que para eso vivimos en una democracia», señalan fuentes del Gobierno. La estrategia pasa por instalar la idea de que existe una «persecución» y una «operación» de algunos jueces para «derrocar al Gobierno», un relato que, según la sala de máquinas socialista, genera consenso entre los suyos y concede un cierre de filas en un momento crítico.
El respaldo de Ferraz y la tesis de Bolaños
La portavoz socialista, Montse Mínguez, corroboró las reflexiones de López tras la reunión de la dirección del partido. «Yo no lo diré con sus palabras, pero tenemos ojos en la cara y estamos viendo lo que estamos viendo», afirmó Mínguez, que añadió: «A la Justicia le pedimos independencia, pero la independencia no significa inmunidad y la Justicia debería aparentar al menos ser independiente».
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien sostiene que el Poder Judicial ampara al juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por «conservadurismo» o «corporativismo», y que esa no es manera de «reponer el prestigio y la reputación del Poder Judicial».
El Gobierno defiende tanto su actuación en Ceuta como la puesta en marcha de la ley de nietos, que en realidad es la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. Fuentes del Ejecutivo insisten en que opinan cuando se les pregunta y que esa es su opinión.
Un choque institucional en plena crisis de Ceuta
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y los tribunales se produce en un contexto de crisis migratoria en Ceuta que el Gobierno prevé que se prolongue en el tiempo y que pueda marcar las próximas elecciones. La desclasificación de documentos sobre la entrada masiva de inmigrantes no salió como estaba previsto, con una interpretación general contraria a la del Ejecutivo sobre los avisos del CNI. Ese revés ha empujado a La Moncloa a pasar de la defensa a la confrontación directa con la oposición y con los jueces.
La tensión con el Poder Judicial se ha convertido en un eje central de la estrategia comunicativa del Gobierno. Las altas instancias judiciales han pedido moderación, pero el Ejecutivo mantiene el pulso. El objetivo declarado es defender la gestión gubernamental y la seguridad de que se está actuando correctamente, según las fuentes consultadas.
El caso de la ley de nietos, cuya suspensión del derecho al voto ha sido calificada por López como «atropello democrático», se suma a la lista de frentes abiertos. La norma, en vigor desde octubre de 2022, ha facilitado la nacionalidad española a descendientes de emigrantes. La decisión del Supremo afecta a un colectivo con derecho a voto, lo que introduce un elemento de incertidumbre electoral en un momento de máxima tensión política.
La estrategia del ataque como defensa no está exenta de riesgos. El Gobierno busca movilizar a su electorado con el relato de la persecución judicial, pero la confrontación abierta con el Supremo y con jueces concretos puede erosionar la percepción de respeto institucional. La Moncloa confía en que el cierre de filas compense ese desgaste en un ciclo electoral que se prevé decisivo.
