Juanfran Pérez Llorca pide aclarar la subvención concedida en 2021, pese a informes legales en contra y participación de Sánchez y Ábalos en el congreso
La Agencia Valenciana Antifraude investiga una subvención de 80.000 euros concedida en 2021 por el Gobierno valenciano al sindicato UGT para su Congreso Confederal celebrado en Valencia. La ayuda, gestionada desde Presidencia y sin concurso público, fue otorgada pese a los reparos de la Abogacía de la Generalitat, que exigía justificar su carácter excepcional.
El presidente de la Generalitat, Juanan Pérez Llorca, ha mostrado su «preocupación» por la decisión y ha anunciado que se «trasladaran todos los expedientes» para esclarecer los hechos. La subvención, concedida durante el mandato de Ximo Puig, contó con la presencia de figuras como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos, condenado en el caso Mascarillas.
El Partido Popular ha criticado la concesión directa, tachando a UGT de «sindicato del PSOE» y recordando que la Abogacía de la Generalitat advirtió de que no cumplía los requisitos legales. El portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, ha exigido explicaciones a Puig y ha acusado al PSPV de «arremeter contra Antifraude» por cumplir su trabajo.
El PSPV, en cambio, defiende que «todo se hizo conforme a ley». Mientras, el portavoz del PP en las Cortes, José Muñoz, ha pedido «ecuanimidad» a Antifraude, recordando que sus investigaciones contra el PP tampoco han prosperado. Muñoz también ha solicitado al Gobierno valenciano que revele información sobre su pareja, vinculada a otro caso en Finestrat.
La investigación se enmarca en un contexto de tensiones políticas en Valencia, donde el PP y Vox acusan al Gobierno autonómico de irregularidades durante la pandemia. El caso podría revelar patrones de concesión de ayudas sin transparencia en la comunidad.
La Agencia Valenciana Antifraude también estudiará los gastos subvencionables, lo que permitirá determinar si los fondos se emplearon de acuerdo con los criterios establecidos y si se cumplió con la normativa de gasto público.
