La propuesta del PP incluye exámenes más exigentes de lengua y valores constitucionales, y busca sacarla del Código Civil para regularla con rango de ley orgánica
Alberto Núñez Feijóo avanza con una proposición de Ley orgánica para endurecer los requisitos de la nacionalidad española, incluyendo la posibilidad de revocar el pasaporte a ciudadanos que cometan delitos graves tras obtenerlo. La norma, que entraría en vigor si el PP gana las elecciones de 2027, amplía los supuestos de pérdida de nacionalidad a crímenes como asesinatos con agravantes, terrorismo, crimen organizado o reincidencia en abusos sexuales.
Según fuentes del partido, los nuevos requisitos incluirán exámenes más estrictos de lengua española y un test específico sobre «inclusión positiva» y respeto a los valores democráticos. Además, la ley sacaría la nacionalidad del Código Civil para regularla con rango orgánico, justificando la medida con la crisis migratoria actual, como la entrada masiva de más de 10.000 personas en Ceuta el 30 de julio. Feijóo ya adelantó en febrero de 2026 que buscaría «delimitar el acceso a la nacionalidad», excluyendo a quienes no cumplan criterios de integración o tengan antecedentes penales.
El endurecimiento se enmarca en el giro migratorio del PP, que compite con Vox por el voto restrictivo sin perder apoyo central. La propuesta coincide con tendencias europeas, como las de Reino Unido o Dinamarca, donde gobiernos socialdemócratas también han endurecido sus políticas. Además, el PP planea limitar los permisos de residencia por arraigo y priorizar «la vía legal» para regularizar inmigrantes, recuperando el carácter «excepcional» de este mecanismo.
La medida llega en un contexto de tensión con la UE por la gestión de la crisis en Ceuta, donde Italia ha suspendido temporalmente el espacio Schengen con España. Feijóo ha insistido en que la nacionalidad «no se regala», sino que «se merece», vinculando su concesión al «acatamiento del ordenamiento jurídico» y la integración social.
La propuesta también contempla que la revocación se pueda aplicar durante el propio proceso de adquisición de la nacionalidad, de modo que los solicitantes que, antes de obtener el pasaporte, sean condenados por delitos graves, pierdan la ciudadanía de forma inmediata. Asimismo, la normativa establecería que la pérdida de nacionalidad se determinaría a partir del primer instante en que se otorgue el pasaporte, lo que implica que los ciudadanos que hayan adquirido la ciudadanía por el tiempo transcurrido o por tratados internacionales con sus países de origen, y que luego cometan delitos graves, perderían su pasaporte de manera fulminante.
