El ministro de Política Territorial reclama agilizar el proceso judicial para evitar discriminación en el voto de descendientes de emigrantes españoles
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha exigido este lunes resolver «cuanto antes» el fondo de la Ley de Nietos, suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo, para garantizar los derechos de los descendientes de españoles en el extranjero antes de las próximas citas electorales.
Torres, durante su participación en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Canarias, defendió que la Ley de Memoria Democrática de 2022 —aprobada por las Cortes— reconoce derechos a estos ciudadanos, muchos de ellos hijos o nietos de quienes emigraron por la guerra, la dictadura o la represión política. «No se hubieran ido si no hubiera habido una guerra, una dictadura o una situación de opresión», afirmó, vinculando directamente la ley a un contexto histórico de exclusión.
El ministro criticó a la «ultraderecha» por intentar «quitarle derechos a unos españoles frente a otros» y rechazó que se cuestione su derecho al voto en función de su orientación política. «¿El voto no es secreto? ¿No es individual?», cuestionó, recordando que existe un voto particular en el Tribunal Supremo que respalda su postura. Su objetivo: evitar que la suspensión judicial afecte a quienes ya tienen reconocida su condición de españoles.
La ley, que permite a descendientes de emigrantes españoles recuperar la nacionalidad, se enmarca en un debate más amplio sobre memoria histórica y derechos civiles. Torres insistió en que el Gobierno acata las decisiones judiciales, aunque expresó su «disconformidad» con la suspensión, al considerar que perjudica a un colectivo que ya sufrió exclusión durante décadas.
El plazo para resolver el fondo del procedimiento es clave: si no se agiliza, podría afectar a miles de ciudadanos en riesgo de perder su derecho al voto en las próximas elecciones. La suspensión del Supremo, anunciada la semana pasada, deja en el aire la aplicación de una norma que el Gobierno defiende como reparadora de injusticias históricas.
