Los máximos dirigentes del tribunal andaluz coinciden en criticar la injerencia política en la justicia durante la apertura del curso judicial
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inaugurado este lunes 14 de septiembre el año judicial 2026-2027 con un mensaje unánime: la injerencia política en la actividad de jueces y fiscales «deslegitima» su trabajo y pone en riesgo la independencia judicial. Lo han dejado claro sus principales dirigentes en sus discursos de apertura.
La crítica, aunque recurrente, adquiere especial relevancia en un contexto como el andaluz, donde la relación entre el poder político y la justicia ha sido históricamente tensa. Andalucía, con 8 millones de habitantes y un sistema judicial descentralizado, depende en gran medida de la colaboración entre el TSJA —órgano superior de gobierno de los jueces— y las instituciones autonómicas, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los discursos de apertura han servido este año para recordar que esa colaboración no debe confundirse con subordinación.
El TSJA, como tribunal superior de justicia en Andalucía, tiene competencias exclusivas en materia de gobierno judicial, recursos contra resoluciones de los juzgados y tribunales inferiores, y garantía de la independencia de los jueces. Su presidente, junto a otros magistrados destacados, ha subrayado que la intromisión política —ya sea mediante presiones indirectas, modificaciones legislativas o declaraciones públicas— debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Según datos del CGPJ, Andalucía registró en 2025 un 12% más de quejas por presunta injerencia política en la justicia que la media nacional, una cifra que los dirigentes del TSJA vinculan directamente a la polarización actual.
La advertencia llega en un momento clave: el Gobierno central y varias comunidades autónomas, incluido el de Andalucía, tramitan en estos meses reformas legales que afectan directamente a la justicia, como la ley de memoria democrática o modificaciones en los plazos procesales. Los discursos del TSJA no mencionan nombres concretos, pero el mensaje es claro: cualquier cambio normativo que limite la autonomía judicial será interpretado como un intento de «politizar» decisiones que deben basarse exclusivamente en derecho.
Lo que está en juego no es solo el prestigio de la justicia andaluza, sino su capacidad para resolver conflictos en un territorio con desafíos complejos, como la gestión de la inmigración en Ceuta y Melilla o los conflictos territoriales en el Estrecho. El TSJA ha recordado que su independencia es la única garantía para que estas materias se resuelvan con rigor, sin condicionantes externos.
