La Instrucción 1/2026, firmada por Teresa Peramato, centraliza la especialización en jurado popular, pero el PP acusa al Gobierno de instrumentalizar la Fiscalía
La fiscal general del Estado, Teresa Pera mato, ha firmado la Instrucción 1/2026, que crea una red nacional de fiscales especializados en juicios con jurado popular, según ha adelantado El Periódico. La medida, que entra en vigor días después de confirmarse que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, será juzgada bajo este procedimiento, ha generado división entre fiscales y críticas desde el Partido Popular.
La Instrucción establece que la Secretaría General Técnica de la Fiscalía —dependiente directamente de Pera mato— aclarará dudas jurídicas y emitirá observaciones en casos de «especial relevancia», aunque estas tendrán «carácter no vinculante». La ley del jurado, vigente desde 1995, nunca había impulsado una estructura similar, lo que ha levantado suspicacias en sectores judiciales. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha acusado a Pera mato de actuar «a las órdenes del Gobierno» y ha cuestionado su independencia al ser considerada «un militante más del PSOE».
Desde la asociación progresista Unión Progresista de Fiscales, su portavoz, Félix Martín, ha defendido la medida como un «paso necesario» para garantizar «respuestas solventes» en procesos con especialidades procesales, como los delitos contra la vida. Martín ha subrayado que el proyecto llevaba más de un año en debate interno, desvinculándolo del caso Gómez. Una postura similar ha adoptado Juezas y Jueces para la Democracia, cuyo representante, Edmundo Rodríguez Cértegui, ha destacado que la especialización responde a las particularidades del jurado, donde «no es lo mismo dirigirse a un tribunal profesional que a ciudadanos legos».
Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, ha mostrado reservas. Su portavoz, Alejandro González, ha reconocido que la Instrucción «unifica criterios»,, pero ha advertido de que la coincidencia temporal con el juicio a Begoña Gómez «puede levantar suspicacias». González ha cuestionado la necesidad de la medida, al recordar que la ley del jurado lleva 31 años en vigor sin que se hubiera planteado antes. El fiscal jubilado del Tribunal Supremo Salvador Viada ha calificado la reforma de técnica pero innecesaria, al señalar que ya existían fiscales especializados en cada Fiscalía. Viada ha sugerido que, aunque ha matizado que las indicaciones de la Secretaría Técnica no son vinculantes.
La polémica refleja la tensión entre la autonomía de la Fiscalía y su percepción de dependencia del Ejecutivo. Mientras el PP exige garantías de imparcialidad, las asociaciones progresistas insisten en que la especialización era una demanda histórica para mejorar la calidad de los procesos con jurado, donde la estrategia procesal difiere sustancialmente de los juicios tradicionales.
