La Oficina del Censo Electoral admite solo revisión formal de las declaraciones, pero no verifica el vínculo real con los municipios elegidos
La Junta Electoral Central (JEC) ha recibido un informe de la Oficina del Censo Electoral que confirma que no se comprueba el arraigo real de los más de 300.000 ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática (2022), pese a que deben justificar su elección de circunscripción electoral. El documento, solicitado por la JEC tras declarar su incompetencia para analizar irregularidades el pasado 16 de julio, revela que las oficinas consulares solo verifican formalmente que los solicitantes firmen y fechen su declaración, pero no examinan si aportan pruebas documentales que demuestren su vínculo con el municipio elegido.
El procedimiento actual se basa en un formulario donde los nacionalizados eligen entre cuatro opciones para justificar su circunscripción: su última residencia, su propio arraigo, el de sus ascendientes o «otros motivos». Sin embargo, el informe deja claro que no se revisa la validez de esos motivos. Según datos de la Oficina del Censo, las inscripciones de oficio —cuando el elector no aporta documentación— no se aplican en la práctica, ya que son los propios ciudadanos quienes indican su municipio, incluso sin justificación.
Este vacío legal surge de una Orden de 2011 que permite a las oficinas consulares asignar de oficio la circunscripción cuando no hay pruebas, pero una instrucción interna de 2002 obliga a que sea el elector quien decida. La JEC debatirá el próximo jueves si aprueba nuevos criterios para evitar inscripciones masivas en municipios sin vínculo real, un riesgo que podría alterar el equilibrio territorial en las próximas elecciones.
El caso afecta directamente a partidos como Vox, que ya denunció en julio que estas nacionalizaciones benefician desproporcionadamente a circunscripciones con alta concentración de votantes de izquierdas, como Madrid o Barcelona. Mientras, el PP ha solicitado al Tribunal Constitucional que analice la legalidad de la ley, alegando que vulnera el principio de igualdad en el sufragio. La Oficina del Censo, por su parte, no ha respondido a solicitudes de comentario sobre si planea reforzar los controles.
La polémica se enmarca en un contexto de crecimiento récord del censo: desde 2022, más de 300.000 personas han obtenido la nacionalidad española por reparación histórica, un 40% más que en la misma época de 2021. La mayoría se ha inscrito en circunscripciones como Madrid (52.000), Barcelona (48.000) y Valencia (22.000), según datos del Ministerio del Interior. La JEC deberá decidir si actúa antes de que estos votantes puedan influir en comicios autonómicos o locales en 2027.
