El juez Rubén Rus Vela amplió seis meses la causa sin consultar a las defensas, algo que los letrados califican de ‘indefensión material’
Los cuatro investigados en el caso Montoro —Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud, Felipe Martínez Rico y Miguel Ferré— han recurrido la decisión del juez de la causa, Rubén Rus Vela, de prorrogar otros seis meses la instrucción hasta el 26 de enero de 2027. Según sus escritos, el magistrado incumplió la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no darles oportunidad de alegar antes de dictar el auto del 23 de julio.
Los exdirectivos de Equipo Económico, empresa vinculada al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, denuncian que el juez les ha causado ‘indefensión material’ al aprobar la prórroga sin su participación. Argumentan que el auto no justifica por qué no se cerraron las diligencias pendientes en los últimos seis meses, como declaraciones de investigados o informes por finalizar, que ya estaban acordadas. ‘Siete años de secreto de sumario sin avances significativos son prueba de la inactividad judicial’, señalan.
Felipe Martínez Rico, uno de los recurrentes, destaca que el auto carece de motivación concreta y se basa en diligencias ‘imprevisibles’, lo que, según su abogado, convierte la prórroga en ‘un círculo sin salida’ para los investigados. La defensa de Miguel Ferré, exsecretario de Estado con Montoro, añade que el trámite de audiencia previa ‘ha desaparecido’, agravando la ‘degradación sistemática del derecho de defensa’ desde 2018.
Por su parte, la empresa Air Liquide, también implicada, ha presentado un recurso de reforma ante el juez para anular el auto por la misma razón: la omisión del trámite de audiencia. Su representación pide retrotraer las actuaciones al momento en que el Ministerio Fiscal solicitó la prórroga, para garantizar que todas las partes puedan alegar.
El caso Montoro, abierto en 2018, investiga presuntas irregularidades en la gestión de la empresa Equipo Económico durante la etapa de Montoro como ministro de Hacienda (2011-2016). La causa ha estado marcada por prórrogas sucesivas y el mantenimiento del secreto de sumario durante siete años, lo que los recurrentes vinculan directamente con los retrasos en la instrucción.
