El recurso de los investigados para llevar el juicio a Madrid se debate este lunes; el juez instructor defiende que los indicios clave surgieron en Tarragona
La Audiencia Provincial de Tarragona delibera este lunes sobre un recurso que podría trasladar el caso Montoro —que investiga a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, y otros altos cargos— desde los juzgados catalanes a Madrid. Las defensas de los imputados, entre ellos Montoro y directivos de su bufete Equipo Económico, solicitan el cambio de sede, pero el juez instructor, Rubén Rus Vela, rechaza el traslado al considerar que los primeros indicios delictivos aparecieron en Tarragona.
El conflicto gira en torno a unos correos electrónicos hallados en 2018 durante una investigación de los Mossos d’Escuadra en Mester Ibérica de Gases, empresa con sede en Tarragona. Estos documentos —dirigidos desde la ciudad catalana— revelaron supuestos pagos a Equipo Económico para influir en normas tributarias favorables al sector gasista. El juez Rus argumenta que, al tratarse de un hallazgo casual en el marco de otra causa, Tarragona es el lugar donde se iniciaron las sospechas, aunque los delitos presuntos (tráfico de influencias, cohecho o prevaricación) podrían haber ocurrido en Madrid.
Los imputados, en cambio, alegan que el único vínculo con Cataluña es ese hallazgo fortuito y que los delitos —como la supuesta oferta de dádivas— no se consumaron en Tarragona. Además, cuestionan el secreto de sumario, mantenido desde 2018 hasta junio de 2025, y piden su levantamiento. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha advertido a los bancos de posibles sanciones por desobediencia si no facilitan información sobre cuentas de los investigados, bloqueadas por su falta de colaboración.
El caso, que podría afectar a la imagen del PP en plena campaña electoral, también ha desvelado una derivación paralela: la posible filtración de datos fiscales de particulares —como los del presidente de LaLiga, Javier Tebas— cuando Montoro dirigía Hacienda. Sin embargo, ni la Fiscalía ni el juez han abierto diligencias al respecto.
El recurso de traslado de la causa a Madrid se encuentra pendiente de resolución desde el pasado mes de abril, cuando el juez Rus rechazó la cuestión de competencia planteada por las defensas, declarando que “indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito”. Este fallo se basa en el hallazgo de correos electrónicos en la empresa Mester Ibérica de Gases, que, según el instructor, demuestran que la investigación se inició en la jurisdicción catalana.
