La Audiencia de Madrid avaló su procesamiento por desvío de software de la UCM, con penas de hasta 13 años
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, debe resolver antes del 27 de septiembre si envía al banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por el presunto desvío de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Gómez está acusada de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, mientras que Álvarez enfrenta un cargo de malversación como «cooperadora necesaria» en el caso. La acusación popular, liderada por Hazte Oír, solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, además de una indemnización solidaria superior a 100.000 euros por responsabilidad civil, según la UCM.
Peinado amplió hasta septiembre el plazo para que los abogados defensores presenten sus escritos. El nuevo letrado de Gómez, el penalista Jaime Campaner, solicitó más tiempo para analizar un sumario que supera los 1.000 folios. El abogado de Álvarez, José María de Pablo, aún no ha enviado su escrito de defensa.
La Audiencia Provincial de Madrid respaldó el procesamiento al considerar que existen indicios «con una fuerza incriminatoria más que consistente» de que Gómez habría utilizado su condición como esposa del presidente para influir en la creación de una cátedra en la UCM, financiada por empresas privadas, y para el uso privado del software. Tras la audiencia preliminar, el juez tendrá tres días para dictar el auto que decida si hay juicio oral o sobreseimiento.
La Fiscalía, que no presentó conclusiones provisionales, enviará un escrito al juez para argumentar la absolución de ambas. El jurado, de celebrarse el juicio, estará compuesto por nueve vecinos de Madrid sin conocimientos jurídicos.
En este sentido, es importante destacar que el juez Peinado tiene la competencia para resolver este caso, según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De acuerdo con esta ley, el juez instructor tiene la facultad de decidir si hay suficientes indicios para enviar el caso a juicio oral o si debe sobreseerlo.
Además, es relevante mencionar que la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado el procesamiento de Gómez y Álvarez, lo que significa que consideran que existen indicios suficientes para que se les impute el delito de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
