La exministra de Exteriores entregó su teléfono en abril de 2021 por sospechas de espionaje, pero el Centro Criptológico Nacional nunca le comunicó los hallazgos
Arancha González Laya, entonces ministra de Exteriores, entregó su teléfono móvil al Gobierno en abril de 2021 tras detectar indicios de posible espionaje, pero el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) nunca le comunicó los resultados de la investigación. Según fuentes gubernamentales consultadas por ABC, la exministra alertó a Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, quien derivó el caso al Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, sin que González Laya recibiera después información alguna sobre el análisis.
El protocolo activado en 2021 —cuando González Laya aún ocupaba el cargo— sigue el procedimiento estándar para terminales de altos cargos: el teléfono se entrega a la unidad especializada del Gobierno encargada de la protección de dispositivos, que en este caso era Bolaños. Este, a su vez, lo remitía al CCN, organismo técnico del CNI encargado de analizar posibles intrusiones. Sin embargo, la exministra nunca recibió un informe o acuse de finalización que confirmara si se detectó o descartó el espionaje.
El caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por ciberataques a figuras públicas y altos cargos, especialmente tras incidentes como el Pegasus, que en 2021 ya había expuesto vulnerabilidades en teléfonos de periodistas y políticos. Aunque el Gobierno no ha confirmado públicamente este episodio, fuentes cercanas a la época aseguran que el CCN sí analizó el dispositivo, pero decidió no comunicar los resultados a González Laya, posiblemente por considerarlos irrelevantes o por protocolos de confidencialidad. La exministra, actualmente eurodiputada, no ha hecho declaraciones al respecto.
El CCN, creado en 2014 como unidad especializada del CNI, depende directamente de la Presidencia del Gobierno y su función principal es detectar y neutralizar amenazas cibernéticas a infraestructuras críticas y terminales de alto nivel. Su opacidad en este caso —al no informar a la titular del teléfono— contrasta con otros episodios recientes, como la alerta de ciberataques a instituciones europeas en 2023, donde sí se comunicaron hallazgos a los afectados. La falta de transparencia en este caso concreto plantea dudas sobre los criterios aplicados por el organismo en la comunicación de riesgos a sus usuarios.
