El magistrado integra dos intentos de soborno a fiscales Anticorrupción y una reunión con exespías del CNI para obtener información sobre la UCO
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido la investigación completa de la trama conocida como «las cloacas del PSOE», tras recibir la competencia del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, dirigido hasta ahora por el magistrado Arturo Zamarriego. La decisión, formalizada en una providencia a la que ha accedido La Razón, unifica en el Juzgado Central de Instrucción número 5 los sumarios que indagan en presuntos intentos de desestabilizar investigaciones judiciales y policiales vinculadas al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pedraz ha dado traslado de la resolución a la Fiscalía Anticorrupción, a las defensas de los imputados y a las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular. El auto incluye la inhibición cursada por Zamarriego, quien consideró que la Audiencia Nacional ofrecía «mayores garantías de agilidad y mejores condiciones» para instruir el caso. Las diligencias transferidas desde los tribunales de Plaza de Castilla (Madrid) se centran en dos episodios clave: los presuntos sobornos a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, exmiembros de la Fiscalía Anticorrupción.
Según la investigación, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habrían ofrecido a Stampa ventajas profesionales y favores en pleitos con la Administración de Justicia a cambio de información comprometedora sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el juez retirado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Un esquema similar se habría repetido con Grinda, utilizando como intermediario al periodista Pere Rusiñol, actualmente imputado en la causa. Además, el sumario incorpora una reunión telemática celebrada en el despacho del abogado Jacobo Tejelo —encausado en la misma trama— en la que Díez y Dolset, junto a dos exagentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), solicitaron a Alejandro Hamlyn, empresario huido en Emiratos Árabes Unidos, datos sensibles sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en particular sobre el teniente coronel Antonio Balas.
Como contrapartida, los investigados habrían prometido a Hamlyn beneficios procesales en el caso por fraude del IVA en hidrocarburos vinculado a su empresa, Hafsa. La unificación de las causas en la Audiencia Nacional agiliza la instrucción al concentrar en un único juzgado central las diligencias que hasta ahora se tramitaban de forma separada en Madrid y la Audiencia, un paso que podría acelerar la fase de conclusiones o incluso el eventual juicio oral. El caso, que salpica directamente a figuras del entorno del PSOE y a altos cargos judiciales, se enmarca en una estrategia más amplia de las acusaciones populares —con el PP a la cabeza— para vincular al Gobierno con presuntos intentos de interferencia en la Justicia.
La Audiencia Nacional, competente para investigar delitos de especial gravedad o con trascendencia nacional, asume así un rol central en un proceso que podría tener implicaciones políticas de calado. La Fiscalía Anticorrupción, que ya había mostrado interés en el caso, deberá ahora posicionarse sobre las pruebas recopiladas, mientras que las defensas de los imputados —entre los que figuran exmiembros del CNI y abogados vinculados al PSOE— podrían impugnar la unificación de las causas, alegando posibles vicios procesales.
