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Romillo enfrenta hasta 26 años de cárcel por estafa de 185 millones en el caso Madeira

Romillo enfrenta hasta 26 años de cárcel por estafa de 185 millones en el caso Madeira
El Español
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El juez de la Audiencia Nacional procesa al empresario y a 9 cómplices, incluyendo familiares, por delitos de organización criminal y fraude masivo a 464 inversores

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha enviado a juicio a Álvaro Romillo, financiador de Alvise Pérez, por presuntos delitos de estafa agravada y organización criminal vinculados a Madeira Investí Club (MIC). La investigación estima que defraudó 185 millones de euros a 464 inversores, con penas que podrían superar los 25 años de prisión.

El auto, fechado este lunes, cierra la fase instructora del caso Madeira, centrado en una red criminal que incluiría a familiares directos de Romillo, como su padre Domingo Romillo y su pareja Mihaela Munteanu. El juez destaca que los hechos podrían configurar un delito continuado con notoria gravedad, al afectar a una generalidad de personas.

El caso se enmarca en el Código Penal español, donde la estafa agravada por su magnitud (más de 500.000 euros) y la organización criminal pueden acumular penas de 4 a 26 años. Romillo ya había pagado 100.000 euros a Pérez durante su campaña para las elecciones europeas de 2024, lo que refuerza los indicios de financiación ilegal vinculada a la trama.

La resolución obliga a los procesados a pagar una fianza conjunta de casi 250 millones, reflejo del impacto económico y social. El caso Madeira, uno de los mayores fraudes financieros en España, pone en evidencia fallos en la supervisión de inversiones alternativas y la protección al inversor minorista, un tema recurrente en el debate político sobre regulación económica.

La próxima fase será el juicio oral, donde la Fiscalía deberá demostrar la participación activa de Romillo en la estructura criminal. Mientras, los afectados —muchos de ellos pequeños ahorradores— esperan reparación, aunque el proceso judicial no incluye indemnización automática.

El caso Madeira destaca la vulnerabilidad de los inversores minoristas ante esquemas de inversión no regulados y ha impulsado debates sobre la necesidad de reforzar la supervisión de entidades financieras.

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