El líder del PP justifica la medida como ‘acto de confianza’ del Estado y critica la ‘frivolidad’ en los procesos de nacionalización actuales
Alberto Núñez Feijóo anunció este martes que el Partido Popular presentará una proposición de ley orgánica para modificar el Código Civil y permitir la retirada de la nacionalidad española a extranjeros condenados por delitos graves, como terrorismo, asesinato o violaciones reincidentes. La medida, presentada durante una visita a viviendas públicas en Madrid junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, busca alinear la legislación española con la de otros países europeos.
Feijóo argumentó que la nacionalidad es un ‘acto de confianza’ del Estado hacia el ciudadano, por lo que su pérdida debe aplicarse cuando se rompe esa confianza. La propuesta incluye tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para garantizar ‘claridad y permanencia’, según sus palabras. El líder popular criticó que actualmente las nacionalizaciones se otorgan con ‘frivolidad’ y sin los ‘requisitos de conducta’ necesarios.
La ley afectaría directamente a ciudadanos extranjeros que, tras obtener la nacionalidad, cometan delitos graves. Según el Código Civil actual, la pérdida de nacionalidad por estos motivos ya existe, pero Feijóo aseguró que la nueva normativa la hará más estricta y predecible, evitando ‘trampas’ o interpretaciones ambiguas. La iniciativa se enmarca en una estrategia del PP para endurecer políticas migratorias y de seguridad, en línea con sus propuestas para las próximas elecciones.
El anuncio llega en un contexto de creciente debate sobre la gestión de la inmigración y la seguridad en España, con el Gobierno de Sánchez bajo presión por casos como el de Ceuta. La oposición, especialmente Vox, ha reclamado medidas similares en los últimos meses, aunque con enfoques más radicales, como la expulsión automática de extranjeros condenados. La propuesta del PP, al ser una ley orgánica, requerirá mayoría absoluta en el Congreso, lo que complica su aprobación sin pactos.
Feijóo vinculó la medida con la necesidad de ‘confianza mutua’ entre el Estado y los ciudadanos, subrayando que la nacionalidad no es un ‘trámite administrativo’, sino un ‘honor’ que conlleva derechos y obligaciones. La iniciativa podría generar tensiones con sectores sociales y jurídicos que defienden los derechos de los migrantes, pero el PP apuesta por presentarla como una reforma necesaria para ‘recuperar el control’ sobre la concesión de la ciudadanía.
