Actualización (04 de septiembre a las 00:34):
La exdirigente de ETA, condenada a más de 400 años, recupera las salidas diarias de prisión en Zubieta (Gipuzkoa)
El Gobierno vasco ha concedido de nuevo a María Soledad Izaguirre «Anotó» el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permite abandonar diariamente el centro penitenciario de Zubieta (Gipuzkoa).
La decisión llega seis meses después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez José Luis de Castro revocaran el mismo beneficio, argumentando que este régimen exige una «justificación individualizada y una motivación reforzada». «Anotó», exdirigente de ETA condenada a más de 400 años de prisión y con 22 cumplidos, no puede acceder al tercer grado, pero este régimen especial actúa como puente para lograrlo, lo que le permitiría cumplir el resto de su condena en su domicilio.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado una «política sistemática de excarcelación progresiva de presos de ETA» alineada con las demandas de la izquierda abertzale. Su crítica se produce cinco días después de que cientos de simpatizantes de esta corriente y miembros de comparsas de Bilbao reclamaran la liberación de los etarras que cumplen condena en cárceles españolas.
El Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Imanol Pradales (PNV) y con la consejera de Justicia María Jesús San José al frente, ha aplicado este beneficio a una treintena de dirigentes etarras desde 2021, entre ellos Garikoitz Azpiazu «Tversky», Jon Larra Gu ridi o Henri Parot. El colectivo Sare, liderado por el exconsejero de Justicia Joseba Azkarraga, ha vaticinado que en enero de 2027 saldrán de prisión el medio centenar de etarras que actualmente se encuentran en segundo grado, amparados en el llamado «modelo penitenciario vasco», que prioriza el cumplimiento de las penas fuera de los centros penitenciarios.
En marzo de 2026, Izaguirre había recibido el beneficio del 100.2, pero la Audiencia Nacional lo revocó antes de que el Gobierno lo restableciera, lo que provocó la polémica actual sobre la aplicación de este régimen especial.
Fuente: El Mundo
Actualización (02 de septiembre a las 16:43):
La exjefa de ETA saldrá de prisión para voluntariado, pese al rechazo previo de la Audiencia Nacional
El Gobierno Vasco ha concedido de nuevo la semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias Anotó, exjefa de ETA, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La decisión, adoptada por el Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos, se basa en la propuesta unánime de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta, en Donostia, donde la reclusa cumple condena.
Iparraguirre podrá salir de la cárcel de lunes a viernes en un horario determinado para realizar labores de voluntariado, con la obligación de regresar cada noche para pernoctar. Esta misma medida ya fue aprobada en marzo, pero el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional la revocó un mes después, suspendiendo las salidas.
El juez José Luis Castro justificó entonces su rechazo por la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona, con una pena acumulada de 30 años. Aunque el magistrado reconoció su positiva evaluación penitenciaria —asunción de delitos, pago fraccionado de responsabilidades civiles, repudio de la violencia y petición de perdón a las víctimas—, consideró que no se cumplían los requisitos para flexibilizar su régimen.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, criticó la decisión en X, acusando a la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, de impulsar una la política sistemática de excarcelación progresiva de presos de ETA bajo las directrices de la izquierda abertzale. Ordóñez denunció que estas concesiones demuestran una la amnistía encubierta y lamentó la rapidez administrativa para estos casos, en contraste con la lentitud en la atención a las víctimas.
Fuente: El Debate
La medida, revocada en abril por la Audiencia Nacional, permite a Soledad Iparraguirre salir de prisión mientras la Fiscalía revisa su caso
El Gobierno vasco ha vuelto a conceder la semilibertad a la exmiembro de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anotó, mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La decisión, adoptada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos —dirigido por la consejera socialista María Jesús San José—, permite a la reclusa abandonar la prisión durante el día mientras se resuelve su situación procesal.
Esta fórmula, distinta a la progresión al tercer grado penitenciario, ya fue utilizada a principios de 2026 para el mismo caso. Sin embargo, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, la revocó en abril tras revisar el expediente, lo que obligó a Anotó a regresar a prisión. La aplicación del artículo 100.2 implica que la semilibertad se ejecuta de manera automática: el preso puede salir de la cárcel antes de que la Fiscalía y el juez emitan su pronunciamiento.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado esta vía, tachándola de «un tercer grado encubierto». Según los datos que maneja la organización, tras esta nueva concesión, solo 32 presos de ETA permanecen en régimen ordinario (segundo grado) sin salir de prisión.
El mecanismo del artículo 100.2 y su controversia
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite la concesión de la semilibertad sin necesidad de esperar a la progresión al tercer grado. A diferencia de este último, que requiere un informe favorable y un proceso de evaluación previo, el 100.2 se activa de oficio cuando el interno cumple los requisitos temporales y de conducta. Esto significa que el preso puede empezar a disfrutar de la semilibertad antes de que la Fiscalía o el juez de Vigilancia Penitenciaria analicen su caso en profundidad.
Esta particularidad ha generado críticas desde sectores como el de las víctimas del terrorismo, que argumentan que el sistema permite eludir los controles más estrictos del tercer grado. La AVT, en concreto, ha denunciado en múltiples ocasiones que esta fórmula se utiliza para acelerar la excarcelación de miembros de ETA sin garantías suficientes. La revocación de abril por parte del juez Castro fue un ejemplo de cómo la Fiscalía y el poder judicial pueden frenar estas decisiones si consideran que no se ajustan a la legalidad.
El hecho de que el Gobierno vasco haya insistido en la misma vía tras la anulación judicial refleja una tensión institucional entre el Ejecutivo autonómico y la Audiencia Nacional. Mientras el primero defiende su competencia en materia penitenciaria —transferida a las comunidades autónomas en el caso del País Vasco—, el tribunal central mantiene su capacidad de supervisión y, en su caso, de revocación de estas medidas.
El contexto de los presos de ETA y la semilibertad
La excarcelación de miembros de ETA ha sido un tema recurrente en el debate político y social en España, especialmente desde la ilegalización de la organización en 2003 y su disolución en 2018. La mayoría de los presos de ETA han ido saliendo de prisión en los últimos años, bien por cumplimiento de condena, bien por beneficios penitenciarios como el tercer grado o la semilibertad. Según la AVT, el número de reclusos de la banda que siguen en régimen ordinario se ha reducido a 32, una cifra que refleja el avance en el proceso de excarcelación.
La semilibertad, en particular, permite a los internos abandonar el centro penitenciario durante el día para trabajar, formarse o realizar actividades de reinserción, siempre que regresen por la noche. Esta modalidad se enmarca dentro de las políticas de reinserción social que buscan facilitar la reintegración de los reclusos en la sociedad. Sin embargo, su aplicación a casos de terrorismo ha generado un intenso debate sobre si estas medidas son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.
En el caso de Soledad Iparraguirre, su historial como miembro de la cúpula de ETA y su participación en atentados como el asesinato del empresario Ángel Brazada en 1986 han convertido su excarcelación en un símbolo de las tensiones entre la justicia, las instituciones y las víctimas. La decisión del Gobierno vasco de insistir en la semilibertad, pese a la revocación anterior, subraya la complejidad política y jurídica de este proceso.
Las competencias en materia penitenciaria en el País Vasco
El País Vasco es una de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia y penitenciaria. Esto significa que el Gobierno vasco tiene la capacidad de gestionar los centros penitenciarios y de aplicar medidas como la semilibertad o la progresión de grado a los internos. Sin embargo, estas decisiones están sujetas a la supervisión de la Audiencia Nacional, especialmente en casos relacionados con el terrorismo, donde el tribunal central mantiene una competencia residual.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, liderado por María Jesús San José, es el órgano encargado de aplicar estas medidas. Su decisión de recurrir al artículo 100.2 en el caso de Anotó refleja una interpretación específica del Reglamento Penitenciario, que prioriza la reinserción sobre otros criterios. No obstante, la revocación de abril demostró que esta interpretación no es compartida por todos los actores judiciales, lo que ha generado un conflicto de competencias entre la autonomía y el Estado.
Este conflicto no es nuevo. Desde la transferencia de competencias penitenciarias al País Vasco, ha habido varios casos en los que las decisiones del Gobierno autonómico han sido cuestionadas por la Audiencia Nacional o por la Fiscalía. La semilibertad de Anotó es, por tanto, un ejemplo más de esta dinámica, donde las instituciones vascas y las estatales mantienen posturas distintas sobre cómo debe aplicarse la ley en casos de terrorismo.
Las reacciones y el debate social
La concesión de la semilibertad a Anotó ha reavivado el debate sobre la política penitenciaria hacia los presos de ETA. La AVT, que agrupa a las víctimas del terrorismo, ha sido una de las voces más críticas con esta medida, argumentando que el artículo 100.2 se utiliza para eludir los controles más estrictos del tercer grado. Para la asociación, esta fórmula no garantiza que los reclusos hayan demostrado un arrepentimiento real o una reinserción efectiva.
Por otro lado, sectores políticos y sociales en el País Vasco defienden que la reinserción es un derecho de todos los reclusos, independientemente del delito cometido. Argumentan que la semilibertad es una herramienta clave para facilitar la reintegración de los presos en la sociedad y que su aplicación debe basarse en criterios técnicos y no políticos. Este enfoque choca con el de las víctimas, que exigen que se priorice la justicia sobre la reinserción en casos de terrorismo.
El caso de Anotó también ha puesto de manifiesto las divisiones políticas en el País Vasco. Mientras que el Gobierno autonómico, de coalición entre el PNV y el PSE-EE, defiende su competencia para aplicar estas medidas, partidos como el PP o Vox han criticado duramente la decisión, acusando al Ejecutivo vasco de favorecer a los terroristas. Estas tensiones reflejan un debate más amplio sobre cómo debe abordarse el legado del terrorismo en España, especialmente en una comunidad como el País Vasco, donde la memoria de la violencia de ETA sigue muy presente.
Fuente: El Español
