La defensa del expresidente recurre ante la Sala de lo Penal para excluir el informe de la UDEF sobre Bolivia, que sostiene que cobró por mediar ante el Gobierno de Arce
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal para intentar excluir de la causa el informe de la UDEF que sostiene que el expresidente cobró una presunta mordida de 200.000 euros por mediar ante el Gobierno de Bolivia en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria. El escrito de apelación, al que ha tenido acceso 20minutos, llega después de que el juez José Luis Calama rechazara la misma petición y mantuviera el documento dentro de la investigación.
El abogado Víctor Moreno sostiene que la unidad policial elaboró ese informe sin autorización judicial y que, con ello, practicó una investigación prospectiva. En el lenguaje jurídico inglés ese tipo de actuación se conoce como fishing expedition. Consiste en rastrear de forma general la conducta de una persona en busca de posibles delitos, en lugar de ceñirse a los indicios que ya existen. El Derecho penal español prohíbe ese método.
Moreno ya planteó ese argumento ante Calama y no logró que cambiara de criterio. El magistrado respondió que solo cabe hablar de investigación prospectiva cuando se abre una causa contra alguien sin el menor indicio de criminalidad y con el único fin de escrutar su conducta. Calama añadió que la instrucción penal es un proceso de cristalización progresiva, que se perfila y amplía conforme avanza.
El letrado discrepa ahora de ese auto. Señala que la premisa del juez permite indagar en cualquier actuación personal o profesional de la vida de Zapatero. Añade que la hipótesis policial y judicial que sitúa al expresidente como cabecilla de una red de tráfico de influencias no puede servir de pretexto para extender la investigación más allá de los hechos que forman parte de la causa. En su opinión, la UDEF se extralimitó al analizar la información bancaria de su representado.
El escrito resume que en el informe se examinan las actividades económicas de todo orden de Zapatero, tanto profesionales como personales. Según Moreno, se perfila así su economía personal y su cuenta bancaria sin ninguna habilitación legal. La conclusión de la defensa es que la instrucción dirigida por Calama ha provocado una intromisión ilegítima en la intimidad económica del expresidente.
El informe que Zapatero quiere dejar fuera
El documento se elaboró a partir de mensajes de WhatsApp intercambiados por Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, que también está investigada. Los hechos analizados por la UDEF ocurrieron entre 2024 y 2025. Según la unidad policial, Grupo Gloria acudió al expresidente para que tratara de mediar o influir en varios litigios millonarios que mantenía con la Administración Pública de Bolivia.
Con ese fin, Zapatero se habría reunido o contactado con altas esferas políticas bolivianas. El informe menciona al entonces presidente de la nación, Luis Alberto Arce, a los ministros de Economía y Justicia y al procurador general del Estado, un organismo equivalente a la Abogacía del Estado en España. En concreto, el expresidente se habría involucrado en la petición de amparo constitucional de la empresa SOBOCE contra una demanda de 107 millones de dólares. Esa solicitud fue estimada por un tribunal jurisdiccional de Bolivia el 30 de mayo de 2025, en una decisión en la que, según la UDEF, habría influido Zapatero.
La unidad policial localizó además un contrato de asesoramiento que identifica como una forma de dar apariencia de legalidad a las mordidas presuntamente ilegales. En ese contrato, la empresa peruana Focus Social Research acuerda el pago de 200.000 euros en un año a Zapatero, más una dieta de 10.000 euros diarios en caso de viajes y el abono de todos los gastos derivados de esos desplazamientos. La UDEF sostiene que no ha hallado referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de la empresa.
Qué se juega la defensa con este recurso
El recurso de apelación es una nueva muestra de la estrategia del letrado, que consiste en buscar grietas procesales para anular la causa, aunque sea parcialmente. Si la Sala de lo Penal acepta el argumento de la defensa, el informe sobre Bolivia quedaría fuera de la investigación. Si lo rechaza, el documento seguirá siendo una pieza central de la causa que instruye Calama.
La decisión de la Sala de lo Penal no afecta solo a Zapatero. Gertrudis Alcázar, su secretaria, también está investigada y su situación procesal depende de las mismas diligencias. El informe policial se apoya en los mensajes intercambiados entre ambos, por lo que la exclusión del documento tendría un efecto directo sobre la posición de Alcázar en el procedimiento.
El caso se suma a la lista de causas en las que un expresidente del Gobierno español queda bajo investigación judicial. La instrucción sigue en manos del juez Calama, que ya ha rechazado una vez los argumentos de la defensa. El siguiente paso depende de la Sala de lo Penal, que debe decidir si confirma el criterio del magistrado o si, por el contrario, ordena apartar el informe de la UDEF sobre los negocios de Zapatero en Bolivia.
