Ángel Víctor Torres critica la medida como una ‘limitación temporal’ mientras la jueza Tardón pide documentos desclasificados sobre Ceuta
El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido los efectos electorales de la inscripción en el censo de personas que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ‘ley de nietos’, una decisión que el Gobierno considera una ‘limitación temporal de un derecho fundamental’. El ministro Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, ha calificado la medida de ‘inaceptable’ y ha recordado que ‘nadie puede negar un derecho tan esencial en democracia como el voto’ a quienes han adquirido la nacionalidad mediante los procedimientos legales establecidos.
La suspensión del TS, que argumenta un ‘peligro serio’ para la ‘limpieza del proceso electoral’, afecta directamente a los más de 100.000 españoles que obtuvieron la nacionalidad por esta vía desde 2022. Torres ha insistido en que la decisión ‘contradice el principio de igualdad’ y ha advertido de que ‘el interés general exige garantizar que quienes son españoles puedan ejercer sus derechos plenos’. La polémica surge en un contexto en el que el Gobierno ya había anunciado en julio un real decreto para agilizar la inscripción de estos ciudadanos en el censo electoral, una medida que ahora queda en suspenso.
Mientras, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes —dirigido por Félix Bolaños— los informes desclasificados sobre la crisis migratoria de Ceuta en julio, que incluyen alertas y comunicaciones previas a la invasión. Estos documentos serán incorporados a la causa judicial que investiga la avalancha de 80.000 migrantes que llegaron a la ciudad autónoma. La jueza busca contrastar si hubo fallos en la gestión de la inteligencia o en la coordinación institucional antes del 30 de julio, un extremo que podría tener consecuencias políticas para el Gobierno.
La tensión entre el Ejecutivo y el TS refleja una división institucional sobre cómo equilibrar la seguridad jurídica de los procesos electorales con los derechos de los ciudadanos. Mientras el Supremo prioriza la ‘limpieza’ del voto, el Gobierno defiende que la medida ‘atenta contra la democracia’ al privar a un colectivo de su derecho al sufragio. La decisión del TS, aunque cautelar, podría abrir un debate más amplio sobre el alcance de la ‘ley de nietos’ y su impacto en las próximas elecciones, previstas para 2027.
