El ex presidente pide anular la investigación sobre 200.000 euros cobrados por mediación en litigios millonarios con el Gobierno boliviano
José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso de apelación ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que anule la línea de investigación sobre sus gestiones en Bolivia dentro del caso Plus Ultra. El ex presidente, representado por el abogado Víctor Moreno Catena, argumenta que el juez José Luis Calama y la Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscalía (Udef) se excedieron al analizar actividades profesionales sin indicios previos de delito.
El recurso, que revisará la Sección Tercera de lo Penal, cuestiona la legalidad de la incautación masiva de datos —incluyendo conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y documentación bancaria— realizada durante más de seis años. Zapatero denuncia que esta práctica podría servir para investigar «cualquier actuación» de su vida personal o profesional, sin límites claros.
El informe policial que motivó la investigación detectó tres transferencias por un total de 200.000 euros vinculadas a gestiones ante el Gobierno boliviano para beneficiar al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Según la Udef, estos pagos estarían relacionados con litigios millonarios que la empresa mantenía con la Administración boliviana, incluyendo una deuda de 107 millones de dólares. El ex presidente se reunió con altas autoridades bolivianas, como el presidente del país, los ministros de Economía y Justicia, y el Procurador General del Estado.
La defensa de Zapatero sostiene que los indicios de delito se limitan al caso Plus Ultra y que extender la investigación a sus gestiones en Bolivia carece de fundamento. El juez Calama rechazó previamente su petición de desactivar esta línea, argumentando que Zapatero no estaba «blindado» ante nuevos hechos delictivos que pudieran surgir.
El caso se enmarca en la investigación por presunta tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, donde el ex presidente fue imputado en 2024. La Audiencia Nacional deberá ahora determinar si la investigación sobre Bolivia cumple con los requisitos legales para continuar.
