Roberto Roselli, exconsejero delegado, admite contrato ficticio con Análisis Relevante para abonar al expresidente durante la investigación de la Audiencia Nacional
El exconsejero delegado de Plus Ultra, **Roberto Roselli**, ha confirmado ante el juez de la Audiencia Nacional **José Luis Calama** que la aerolínea pagó **500.000 euros** al «grupo Zapatero» a través de un contrato ficticio con la empresa **Análisis Relevante**, vinculada al expresidente de la compañía **Julio Martínez Sola** y amigo del expresidente del Gobierno **José Luis Rodríguez Zapatero**. Según su declaración, el dinero formaba parte del rescate estatal de **53 millones de euros** concedido en 2021, y el pago se justificaba con informes «irrelevantes» que nadie revisaba.
Roselli coincidió con Martínez Sola en señalar que, aunque el contrato se firmó con Análisis Relevante, el destino real era Rodríguez Zapatero, quien inició el contacto para «ayudar» con el rescate. Sin embargo, ambos desconocen qué gestiones concretas realizó el expresidente a cambio. La investigación, abierta por presunto uso ilícito de fondos públicos, se enmarca en la causa que examina la Audiencia Nacional sobre la gestión del rescate a Plus Ultra.
El caso reviste especial relevancia por tratarse de un rescate público con fondos estatales —**53 millones**— y por implicar a figuras clave de la política y la empresa. La Fiscalía y el juez deberán determinar si los pagos constituyen delito de **cohecho, malversación o tráfico de influencias**, delitos que podrían afectar tanto a responsables de Plus Ultra como a Rodríguez Zapatero, principal investigado. La causa se suma a otros casos de corrupción vinculados a rescates públicos, como los de **Bankia o Marsas**, donde también se investigaron pagos opacos a intermediarios.
La declaración de Roselli refuerza las acusaciones previas de Martínez Sola, quien ya admitió en su interrogatorio que el contrato con Análisis Relevante era un «paraguas» para abonar a Zapatero. La empresa, registrada a nombre de **Julio Martínez Martínez** (hermano del expresidente de Plus Ultra), facturó los **500.000 euros** sin aportar servicios verificables. El juez Calama deberá analizar si estos pagos encajan en el delito de **financiación ilegal** o si responden a un acuerdo de «comisión» por gestiones políticas.
El rescate de Plus Ultra, aprobado en 2021 por el Gobierno de **Pedro Sánchez**, fue uno de los más controvertidos de la última década por su opacidad. La aerolínea, en quiebra técnica, recibió los fondos a cambio de recortes drásticos en plantilla y rutas, pero la gestión posterior fue cuestionada por la oposición y la Fiscalía. Este caso podría abrir una línea de investigación sobre cómo se asignaron los rescates durante la pandemia, donde varias empresas recibieron ayudas millonarias sin garantías de transparencia.
