El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio a entregar fechas, asuntos y órganos emisores de notas diplomáticas con EE.UU., tras ignorar dos requerimientos
El Ministerio de Defensa deberá facilitar en diez días hábiles el registro de comunicaciones oficiales intercambiadas entre España y Estados Unidos sobre el uso de las bases de Rota y Morón entre 2024 y 2026, según resolvió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno este viernes. La decisión llega tras dos silencios administrativos: Defensa no respondió a la solicitud inicial ni a las alegaciones requeridas por el Consejo, lo que vulneró la Ley de Transparencia, que obliga a contestar en un mes.
La reclamación, presentada en marzo de 2026 por una ciudadana, pedía concretamente las fechas, asuntos generales y órganos emisores/receptores de las comunicaciones, no el contenido íntegro. El Consejo recordó que, aunque parte de la información podría estar protegida por límites legales (como asuntos exteriores o seguridad), Defensa no justificó ninguna excepción al no presentar alegaciones. La resolución abre la puerta a un acceso parcial: el Ministerio podría reservar datos sensibles, pero deberá facilitar el resto, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo sobre proporcionalidad.
Las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) son clave en la cooperación militar hispano-estadounidense: acogen rotaciones de tropas, ejercicios conjuntos y operaciones logísticas. Su uso ha sido objeto de escrutinio en los últimos años, especialmente tras tensiones como el incidente de Ceuta en 2024, donde la gestión de la crisis involucró a ambas instalaciones. Aunque el Consejo no exige publicar el contenido de las comunicaciones, su resolución obliga a Defensa a documentar públicamente qué acuerdos o contactos diplomáticos se han mantenido, un paso sin precedentes en la transparencia sobre estas bases.
El plazo de diez días hábiles —más corto que el mes habitual— refleja la gravedad del incumplimiento. El Consejo advirtió que la falta de respuesta inicial desestimó por silencio administrativo la solicitud, lo que permitió recurrir. Ahora, Defensa deberá enviar la información tanto a la reclamante como al propio Consejo, bajo riesgo de nuevas sanciones por incumplimiento. La resolución no menciona si habrá recursos, pero fuentes jurídicas consultadas señalan que el Ministerio podría alegar secreto de Estado para bloquear datos concretos, aunque deberá demostrarlo.
Este caso se suma a una tendencia creciente de reclamaciones por transparencia en temas de defensa, donde el Gobierno ha sido acusado en repetidas ocasiones de opacidad. En 2025, el Defensor del Pueblo criticó la falta de información sobre el gasto militar en misiones internacionales, y en 2024, el Congreso aprobó una moción del PSOE para auditar los acuerdos con EE.UU. en materia de bases. La presión social y parlamentaria ha forzado avances como este, aunque expertos en derecho administrativo advierten de que los límites a la transparencia en defensa suelen ser ampliados por los tribunales.
