El Juzgado Catorce Laboral de Bogotá oculta temporalmente las publicaciones del 2 y 4 de septiembre en Instagram mientras estudia si vulneran derechos de menores.
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el miércoles al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) retirar temporalmente de las redes sociales oficiales las publicaciones en las que el mandatario aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares. La decisión es una medida cautelar dentro de una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, que cuestionó la difusión de esas imágenes por su posible afectación de derechos fundamentales, en especial de niños, niñas y adolescentes.
Las publicaciones afectadas se hicieron el 2 y el 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram. La primera está vinculada a la operación militar Azarías, en el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, y en ella De la Espriella camina entre bolsas blancas que contienen al menos 23 cuerpos de personas abatidas en días anteriores por las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC. La segunda corresponde a la operación Centinela de la Patria, en Riohacha, capital de La Guajira, donde el presidente exhibe a la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas tras un operativo policial contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS). En ese operativo murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.
El juez fijó que las publicaciones deben quedar ocultas mientras se estudia de fondo si su contenido puede considerarse violento o explícito y si su difusión vulnera derechos fundamentales. La medida no es definitiva: la Presidencia y el mandatario disponen de dos días para ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso de tutela.
Quién más entra en el expediente
El juzgado vinculó al proceso a Meta Platforms, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La inclusión de estas entidades responde a que la orden no solo afecta a quien publicó las imágenes, sino también a la plataforma que las aloja y a los organismos con competencias sobre comunicaciones y protección de la infancia en Colombia. La tutela es un recurso de amparo que cualquier ciudadano puede presentar para reclamar la protección inmediata de un derecho fundamental, y el juez puede adoptar medidas cautelares mientras resuelve el fondo del asunto.
El pronunciamiento previo de la Defensoría
La decisión judicial llega días después de que la Defensoría del Pueblo cuestionara públicamente la exhibición de los cuerpos. Su titular, Iris Marín, pidió al Gobierno no entrar en una competencia con los grupos armados por demostrar quién puede ser más cruel. «El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder», dijo la defensora. La Defensoría del Pueblo es la institución colombiana encargada de velar por la promoción y protección de los derechos humanos, y su pronunciamiento se produjo antes de que el juzgado adoptara la cautelar.
El expediente abre un frente de conflicto entre la Presidencia y el poder judicial colombiano sobre el uso de imágenes de operaciones militares en canales oficiales. La orden de ocultar las publicaciones se refiere a dos operaciones concretas y a dos fechas concretas, y su alcance temporal queda supeditado a lo que el juzgado decida cuando estudie el fondo de la tutela. La vinculación de Meta Platforms implica que la plataforma tendrá que responder sobre el tratamiento de ese contenido, mientras que la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entran en el proceso por su competencia sobre el sector de las comunicaciones. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo hace por su función de protección de la infancia, el colectivo al que la tutela señala como principal afectado.
La operación Azarías, en Miraflores, y la operación Centinela de la Patria, en Riohacha, son las dos acciones militares y policiales cuyos resultados aparecen en las imágenes cuestionadas. En el caso del Guaviare, los cuerpos exhibidos corresponden a personas abatidas en días anteriores por las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC, mientras que en La Guajira el operativo policial se dirigió contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y derivó en la muerte de alias Bendito Menor. La tutela no se pronuncia sobre la legalidad de esas operaciones, sino sobre la difusión de sus resultados en canales oficiales y el posible impacto de esas imágenes en menores de edad, que es el eje sobre el que el juez deberá resolver cuando estudie el fondo del asunto.
