El Gobierno canario denuncia falta de medios y planificación para aplicar el nuevo marco europeo de migración, que exige plazos de 12 semanas para devoluciones
El primer expediente masivo de deportación tramitado en España tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), el 12 de junio, ha fracasado: los 82 migrantes senegaleses que llegaron a El Hierro el 23 de junio quedaron en libertad tras agotarse los 60 días de internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sin que Senegal aceptara su repatriación.
El caso evidencia que el Estado no estaba preparado para aplicar los plazos acelerados del PEMA —hasta 12 semanas para devoluciones—, que chocan con la legislación española, que limita el internamiento a 60 días. «Es imposible hacer un procedimiento fronterizo de 12 semanas sin refuerzo de medios», advierte el doctor en Derecho Lucas Pérez, quien critica la falta de planificación del Gobierno.
Las 82 personas, parte de un cayuco con 119 ocupantes, solicitaron protección internacional al quedar en libertad. Mientras sus expedientes se resuelven, no pueden ser detenidas de nuevo. Si se les deniega el asilo, deberán abandonar la UE, salvo que sean menores. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, señala que «el Estado no ha planificado adecuadamente» la aplicación del PEMA, agravando un problema recurrente en el archipiélago.
Organizaciones sociales cuestionan el carácter restrictivo del nuevo marco, que prioriza la agilización de devoluciones. El Ejecutivo aprobó en agosto un proyecto de reforma de la ley de asilo para adaptarla al PEMA, pero Pérez subraya que «habría que haberlo negociado con calma» antes de su entrada en vigor.
El CIE de El Hierro, con capacidad limitada, no pudo cumplir los plazos europeos. La falta de recursos —humanos, económicos e infraestructuras— repite el patrón de otros expedientes previos, donde la sobrecarga administrativa y la lentitud judicial han bloqueado las repatriaciones.
