El Estado aún no aclara cómo repartirá los fondos entre comunidades, mientras el Archipiélago ya tutela miles de menores no acompañados
El Ministerio del Interior ha calculado que el sistema de acogida de migrantes y solicitantes de asilo en España requerirá 1.300 millones de euros anuales para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), una cifra que no incluye la inversión en herramientas tecnológicas ni el reparto de costes entre el Estado y las comunidades autónomas.
El Plan Nacional de Implementación del PEMA, publicado en diciembre de 2024, desglosa parte de estos gastos: 25 millones de euros en cuatro años para los sistemas de tecnologías de la información vinculados a Eurodac —el sistema europeo de identificación dactilar de solicitantes de asilo— y otros 5 millones de euros para el nuevo sistema informático de asilo. Sin embargo, el documento no especifica qué cantidad transferirá el Gobierno central a las autonomías, lo que deja en el aire la distribución de una carga económica que, en el caso de Canarias, ya es una realidad.
El Archipiélago lleva años asumiendo la tutela de miles de menores migrantes no acompañados que llegan solos a sus costas. Según el marco legal vigente, corresponde a la Comunidad Autónoma garantizar su atención y protección, lo que incluye el mantenimiento de recursos de acogida, el alojamiento, la alimentación, la escolarización y la atención sanitaria mientras los menores permanezcan bajo su tutela. Este escenario anticipa el impacto que el PEMA podría tener en las arcas autonómicas, donde el coste de la acogida ya es un desafío logístico y económico.
Los cambios en la gestión de la infancia migrante
Uno de los principales ajustes que introduce el PEMA en materia de infancia migrante es la obligatoriedad de contar con un representante durante el proceso de triaje de los menores, la primera fase de identificación y evaluación tras su llegada a España. Este representante acompañará a los menores durante los trámites iniciales, pero su figura sigue rodeada de incógnitas: no está definida la formación que deberán tener quienes ejerzan este cargo —se ha planteado la opción de recurrir a abogados de oficio—, ni quién asumirá el coste de este servicio. La falta de claridad en estos aspectos añade presión a un sistema autonómico que ya opera al límite de sus capacidades.
En el caso de los migrantes adultos, el PEMA introduce modificaciones en los procedimientos de asilo, control fronterizo y retorno. El objetivo es agilizar la tramitación de las solicitudes de protección internacional, así como la devolución de quienes no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea, ya sea porque no hayan solicitado asilo o porque su petición haya sido denegada. Estas medidas buscan reducir los plazos y mejorar la eficiencia en la gestión de los flujos migratorios, pero su aplicación requerirá recursos adicionales que, de momento, no están asignados.
El precedente de Ceuta y la adaptación normativa
La crisis migratoria en Ceuta de 2021 aceleró la necesidad de reformar el marco jurídico español para alinearlo con las exigencias europeas. Tras aquel episodio, el Gobierno central anunció dos anteproyectos de ley: una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley de Extranjería, ambos diseñados para adaptar la normativa nacional al PEMA. Estas iniciativas implicarán nuevas tareas para las administraciones públicas en la atención, identificación y gestión de las personas migrantes, pero su desarrollo normativo aún no ha resuelto una pregunta clave: ¿quién pagará la factura?
El Ejecutivo autonómico canario ha sido uno de los más críticos con la falta de claridad en el reparto de competencias y fondos. Mientras el Estado central avanza en la transposición de las directivas europeas, las comunidades autónomas —especialmente aquellas con mayor presión migratoria, como Canarias— se enfrentan a la incertidumbre de cómo financiarán las nuevas obligaciones. La atención a los menores no acompañados es solo un ejemplo de cómo el PEMA podría incrementar la carga económica sobre las autonomías sin que, por ahora, exista un mecanismo claro de compensación.
El impacto económico y las preguntas sin respuesta
El coste de 1.300 millones de euros anuales para el sistema de acogida no es una cifra menor. Representa un esfuerzo presupuestario significativo, especialmente en un contexto en el que las comunidades autónomas ya gestionan recursos limitados. El PEMA no solo exige más inversiones en infraestructuras y personal, sino que también introduce nuevos procedimientos que requieren formación específica y sistemas informáticos actualizados. Los 30 millones de euros destinados a tecnología en los próximos cuatro años son solo una parte de un iceberg económico cuya magnitud total aún no ha sido cuantificada.
La falta de concreción en el reparto de fondos entre el Estado y las autonomías genera tensiones. Canarias, como puerta de entrada de miles de migrantes cada año, es la región más expuesta a este desafío. El Archipiélago no solo debe hacer frente a los costes derivados de la acogida de menores, sino también a los asociados a la implementación de los nuevos procedimientos de asilo y retorno. Mientras el Gobierno central trabaja en la adaptación normativa, las autonomías exigen respuestas claras sobre cómo se distribuirá el esfuerzo económico, una cuestión que, de no resolverse, podría derivar en conflictos competenciales y financieros.
El PEMA, aprobado por la Unión Europea, busca armonizar las políticas migratorias de los Estados miembros, pero su aplicación en España ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Estado y las comunidades autónomas. La adaptación al nuevo marco europeo no es solo un reto legal, sino también económico y operativo. Sin una hoja de ruta clara sobre la financiación, el riesgo es que las regiones con mayor presión migratoria, como Canarias, asuman una carga desproporcionada, lo que podría agravar las desigualdades territoriales en la gestión de un fenómeno que, por su naturaleza, trasciende fronteras.
Fuente: El Periódico
