El Gobierno denuncia un «atropello democrático» y recuerda que Feijóo apoyó la ley de nietos en 2006 y 2007
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado este martes al Tribunal Supremo de ha acusado al Tribunal Supremo de adulterar el censo electoral el censo electoral al suspender la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los 333.696 descendientes de exiliados que obtuvieron la nacionalidad española mediante la ley de nietos.
El Supremo argumenta que su inscripción podría afectaría gravemente la objetividad y transparencia del proceso electoral, un criterio que el Gobierno tacha de «injustificado». Torres recordó que el Partido Popular, actualmente en la oposición, respaldó esta medida en 2006 y 2007, cuando su líder, Alberto Núñez Feijóo, defendió la nacionalidad para los nietos de exiliados «independientemente de su motivo de partida».
La decisión judicial ha generado una crisis de confianza institucional: el ministro de Transformación Digital, Óscar López, calificó la medida de calificó la medida como salvajada y calificó la medida como atropello democrático, mientras la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) reprochó al Gobierno «descalificar públicamente» a los jueces, algo que, según la asociación, «instrumentaliza la justicia».
El conflicto se enmarca en un contexto de polarización política: en las últimas elecciones generales, el voto exterior —incluyendo a los descendientes de exiliados— cambió un escaño a favor del PP. Torres advirtió que la suspensión del derecho al voto de estos ciudadanos «no solo vulnera la ley, sino que cuestiona el principio democrático de que todos los españoles tienen voz».
El Supremo justifica su decisión en un justifica su decisión en un peligro fundado para la justifica su decisión en la rectitud del proceso electoral, pero el Gobierno insiste en que la medida «no solo es injusta, sino que atenta contra el derecho fundamental al sufragio». La ley de nietos, aprobada en 2022, ya había sido respaldada por una mayoría parlamentaria, incluyendo apoyos transversal como el de Junts o ERC.
